El gobierno ha tomado una decisión que ha despertado la indignación del sector rural en Valencia: convertir en Dominio Público Hidráulico (DPH) parcelas privadas que resultaron gravemente afectadas por la riada de octubre de 2024. Esto significa que los propietarios ya no serán dueños de esas tierras, pero eso no es lo más preocupante, ya que se trata de zonas que podrían volver a inundarse, sino que no está claro si recibirán una indemnización.
Según datos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), la riada afectó a más de 50 000 hectáreas de cultivos en la Comunidad Valenciana, con pérdidas estimadas en más de 1000 millones de euros.
Pero la riada no solo inundó, sino que en numerosos tramos modificó físicamente los cauces. «Ríos y barrancos han ensanchado su lecho a costa de parcelas agrícolas colindantes», describe Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos (ALIV), en diálogo con The Epoch Times España.
Esas parcelas no pueden explotarse a nivel agrario y cualquier actuación de los propietarios requiere autorización por parte de las autoridades. Además, en la servidumbre de 5 metros y la zona de policía de 100 metros hay limitaciones que afectan también a las parcelas privadas colindantes, lo que restringe severamente la capacidad de los agricultores para realizar su labor.
Esa franja, o al menos un parte de ella, es la que podría pasar a integrarse como DPH.
«Si finalmente una franja pasa a DPH, el titular pierde la disponibilidad de ese suelo (no es una expropiación al uso del lecho del cauce), por lo que no hay “precio” de venta», sostiene Viciedo explicando que esa franja, si el organismo de cuenca lo acredita mediante un deslinde, queda bajo jurisdicción de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
En cálculos de La Unió Llauradora, alrededor del 6 % de las parcelas afectadas se encuentra ahora en esa situación de incertidumbre ya que sus propietarios no saben si efectivamente pasarán a ser de DPH, y en caso de ser así, cuánto y cuándo van a cobrar.
Como técnicamente no se trata de una expropiación, hay una suerte de «ayuda específica» que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). De acuerdo a la Orden APA/383/2025, están disponibles 11 800 €/ha para parcelas fuertemente dañadas próximas a cauces susceptibles de incorporarse al DPH, con tope de 200 000 € por beneficiario.
A ello se suman líneas para reparación por medios propios (5200–9900 €/ha), en parcelas que no vayan a ser DPH.
Sin embargo, de acuerdo a fuentes rurales de la zona, en función del cultivo y de si es secano o regadío, el valor de mercado por hectárea suele duplicar o triplicar esa cuantía en muchas zonas citrícolas y de viñedo.
«La brecha económica es evidente», apunta Viciedo haciendo oír el reclamo de los agricultores de la zona por lo que consideran una auténtica injusticia.
Pero eso no es todo.
A esta situación se suman otras explotaciones que, sin haber sido incluidas en el DPH, siguen sin repararse, lo que hace imposible para los propietarios de las tierras acceder a ellas, poniendo en riesgo incluso la próxima vendimia.
Se trata de vastos campos de vid, olivos y diferentes frutales en municipios como Algemesí, Chiva y Cheste. Cientos de agricultores no tienen acceso a esas tierras por el retraso —en poco tiempo se cumplirá un año de la DANA— en los trabajos de reparación por parte de la empresa estatal TRAGSA.
«La lentitud de los trabajos de TRAGSA está afectando, diez meses después, la recuperación de los cultivos e incluso la recolección de la nueva campaña de uvas, por no estar aún reparados los accesos a las fincas», advierte Viciedo sobre el impacto económico que podría afectar a los agricultores de las zonas afectadas.
«Diez meses después, en muchos puntos el deslinde definitivo sigue en tramitación, de modo que los agricultores no saben aún qué porción exacta de sus fincas quedará dentro del DPH y, mientras tanto, no pueden “arreglar” por su cuenta sin permiso», denuncia.
Esta incertidumbre ha paralizado la actividad de muchos agricultores, quienes no pueden acceder a sus tierras ni mucho menos planificar su futuro.
La batalla por la tierra
La incertidumbre y la falta de una compensación justa ha generado un clima de indignación entre los agricultores.
Uno de los grandes problemas radica en que hasta que la administración no comunique el deslinde en información pública, el agricultor no puede trabajar —en su propio campo—. Posteriormente, una vez realizada esa comunicación, dispone de un plazo para alegaciones.
En este marco, es que desde los sectores rurales valencianos se proponen medidas para garantizar que los afectados reciban una compensación adecuada y puedan acceder a sus parcelas.
«En primer lugar pediría más transparencia por parte de la administración y que diera acceso a toda la documentación sobre lo ocurrido y que los agricultores tengan información en tiempo real del proceso de reconstrucción, así como de las inversiones tanto públicas como privadas que se han ejecutado y de la que están pendientes de ejecutar», señala Viciedo de ALIV.
Los verdaderos responsables
Mientras los agricultores todavía siguen tratando de reponerse de la catástrofe de DANA, las miradas apuntan a los verdaderos responsables de lo que ocurrió. El dato no es menor: estas personas u organismos —apuntan los denunciantes— deben resarcir a los afectados.
Desde Valencia, Viciedo señala que, por ejemplo, está probado que la presa de la Forata se abrió, aumentando los efectos de la riada. Además, dice que está en etapa de investigación si lo mismo ocurrió con el resto de presas de la zona, como Benagéber, Buseo, Loriguilla, Cortes, Tous o Contreras.
«De confirmarse algunas de ellas, el Estado tendría una clara responsabilidad en lo ocurrido», sostiene.
«Los afectados deben alegar dicha responsabilidad, para que responda por los costes completos de los daños causados», agrega.
Además, Viciedo critica las responsabilidades indirectas por dejación o por una legislación de «falso verde» que favoreció la catástrofe, como las obras hidráulicas aprobadas pero nunca ejecutadas, como la adecuación del barranco del Poyo o la construcción de una presa en Cheste, y la falta de limpieza de los cauces de barrancos y ríos, siguiendo la filosofía de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
En efecto, las políticas ambientales del gobierno, derivadas del Pacto Verde Europeo, están en el foco de las críticas que los afectados por la riada destacan que no sólo los ha perjudicado a ellos, sino a todo el sector primario europeo.
Viciedo cita un informe de análisis de impacto encargado por la Comisión Europea al Centro Común de Investigación, órgano científico de la Comisión Europea (JRC, por su nombre en inglés), el cual concluyó —cita el agricultor—«algo tan lógico como que, si se ponían en práctica las restricciones, condicionantes y limitaciones de carácter climático y ecológico desarrollando el Pacto Verde, los costes de producción de los agricultores y ganaderos europeos se iban a incrementar sustancialmente».
«Ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo han tenido en cuenta este informe a la hora de aprobar las distintas leyes, reglamentos y directivas», lamenta.
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¿Un futuro sostenible o una crisis permanente?
La crisis en Valencia no solo pone en cuestión la gestión del gobierno ante desastres naturales, sino también el debate sobre los verdaderos efectos de las políticas ambientales y las necesidades del sector agrario.
Asimismo, mientras los agricultores luchan por recuperar sus medios de vida, la falta de compensación y la incertidumbre sobre el futuro de sus tierras amenazan con profundizar una crisis que, según expertos, podría tener consecuencias a largo plazo para la sostenibilidad del campo valenciano.
Por lo pronto, ante la falta de respuesta a sus demandas, los agricultores parecen estar perdiendo la paciencia y no descartan iniciar movilizaciones en los próximos días.
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