Comentario
Para nadie es un secreto que tanto el alquiler como la compra de una vivienda se han convertido, prácticamente, en algo inalcanzable. Algunos, de forma simplista —y no sabemos si por desconocimiento o mala fe—, pretenden achacar este problema a un crecimiento demográfico provocado por la inmigración. Sin embargo, en este artículo vamos a analizar cuáles son las verdaderas razones de fondo de esta crisis.
Evidentemente, un crecimiento demográfico desmesurado es parte del problema, pero no el centro. Si mañana se expulsara a todos los inmigrantes de España, la enfermedad crónica de la falta de vivienda continuaría ahí.
En el año 2020, la Comisión Europea creó el Equipo de Análisis e Investigación (ART, por sus siglas en inglés), un grupo de trabajo que forma parte de la Secretaría General del Consejo. De forma periódica, este equipo publica informes y artículos sobre cuestiones de interés para el Consejo Europeo, y en esta ocasión le ha tocado el turno a la vivienda.
El artículo, titulado en inglés One roof, many realities: Europe’s complex housing crisis (Un mismo techo, muchas realidades: la compleja crisis de la vivienda en Europa), fue publicado este mismo mes de octubre y desglosa la situación de la vivienda en el continente. En este análisis, sin embargo, nos centraremos en España y Portugal, dos Estados con realidades legislativas y económicas muy similares.
El precio de la vivienda ha aumentado en España un 72 % desde 2010, lo que se traduce en que cada vez destinamos una mayor parte de nuestros ingresos a algo tan básico como un techo. En el caso de Portugal, la situación es aún más alarmante: los precios han subido un 147,5 %, y casi la mitad de los hogares destinan ya más del 40 % de su renta al pago de la vivienda, según datos de la Comisión Europea. Esta situación plantea enormes dificultades para los ciudadanos, que, ante la pérdida de poder adquisitivo por el alto coste de la vida, se enfrentan a escenarios cada vez más complejos para poder pagar un hogar.
Lea también: España a contracorriente: la deuda pública crece por encima de la media europea
Desde la crisis inmobiliaria de 2008 —que tardó entre siete y ocho años en superarse y que, por el camino, arrastró a miles de familias incapaces de asumir sus compromisos hipotecarios—, los bancos ejecutaron miles de desahucios y comenzó a multiplicarse un fenómeno que hasta entonces era residual: la ocupación.
A ello se sumó la crisis pandémica de 2020, que provocó una escasez total de materiales, un fuerte encarecimiento de los mismos y la falta de personal, dejando al sector de la construcción en una situación crónicamente debilitada. El problema combina varios factores: empresas con dificultades para financiarse, cargas impositivas elevadas y una evidente falta de innovación.
Aunque la previsión para España y Portugal en este año apunta a un crecimiento del 3,2 % y el 4,0 % respectivamente, gracias a los fondos de recuperación de la UE, la realidad contrasta con el optimismo de Bruselas. El Gobierno español, pese a disponer de esos fondos, se ha mostrado incapaz de repartirlos de forma eficiente. Está a punto de cumplirse el límite para gastar el dinero asignado por la Unión Europea, y ni siquiera se ha alcanzado el 62 % mínimo de ejecución exigido para evitar la devolución de parte de los importes prestados. Por el camino, España ya ha sido penalizada por Bruselas por no haber sido capaz de compensar adecuadamente a determinados empleados públicos, incumpliendo algunos de los hitos comprometidos.
Todo esto se combina con el hecho de que las ciudades, a diferencia de las zonas rurales, están cada vez más pobladas. A ello se suma la batalla burocrática derivada de los «compromisos climáticos», que exige que las viviendas sean «más eficientes». La necesidad de renovar el parque inmobiliario para adaptarlo a las exigencias de consumo y sostenibilidad convierte el proceso en algo engorroso, lento y costoso, haciendo que Lisboa y Barcelona se sitúen hoy entre las ciudades más caras de Europa para acceder a una vivienda.
La cuestión de la vivienda no ha estado realmente en la agenda política. Los dirigentes han estado más ocupados en debates identitarios de todo tipo que en afrontar los temas que afectan directamente a los ciudadanos: el precio de la energía, el coste de la vida, y el acceso a una vivienda digna.
Lea también: España, ¿locomotora o espejismo? El plan económico de Sánchez bajo la lupa de los datos reales
Quienes sí han utilizado el problema, como es el caso de Cataluña —y especialmente Barcelona—, lo han hecho desde una perspectiva ideológica, empleándolo como instrumento político para atacar la propiedad privada, en lugar de ofrecer soluciones estructurales y duraderas.
Es así como el fenómeno de las ocupaciones encuentra en Cataluña su mayor concentración. Según el portal inmobiliario Idealista, el 42 % de todas las ocupaciones registradas en España se producen en esta región, cuya capital —Barcelona, la segunda ciudad más cara de Europa según el informe de Bruselas— concentra la mayor parte de los casos. Solo en 2024 se registraron 7009 denuncias por allanamiento de morada y usurpación.
A esta tensa situación se suma que el tiempo medio para resolver judicialmente una ocupación ronda los dos años. Ante la lentitud de los procesos, muchos propietarios optan por acudir a empresas privadas de desocupación, ya que durante todo ese tiempo deben asumir los costes de los suministros básicos, como el agua o la electricidad, de sus propias viviendas ocupadas.
Este contexto explica por qué se estima que las cifras reales de ocupación son superiores a las oficiales: numerosos propietarios prefieren no denunciar para evitar procesos largos y costosos. Por ello, tanto grandes como pequeños propietarios deciden mantener sus inmuebles cerrados o destinarlos al alquiler turístico, una alternativa más rentable y con mayores garantías.
En el caso de Cataluña, los concursos públicos para construir nuevas viviendas quedan en ocasiones vacíos, reflejo del escaso interés empresarial ante un marco legal y fiscal poco atractivo.
Todo esto se combina con una oferta muy limitada de vivienda protegida, de la cual las pocas unidades disponibles suelen ser asignadas —para disgusto de buena parte de la población local— a personas de origen extranjero. Esto ocurre porque uno de los principales criterios establecidos en los procesos de adjudicación es la renta, y, en términos generales, los solicitantes extranjeros que acceden a estos programas presentan ingresos más bajos, lo que les sitúa en los primeros puestos de las listas de prioridad.
En el año 1998, el Gobierno de José María Aznar impulsó la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, conocida por el principio de que «todo el suelo es urbanizable salvo el protegido», lo que suponía una amplia liberalización del suelo no protegido.
Inmediatamente fue recurrida —y cito literalmente—: «Promovidos por el Parlamento de Navarra; ochenta y cuatro diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto, y el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra la Ley de las Cortes Generales 6/1998».
Aquella ley fue finalmente desmontada por el Tribunal Constitucional, y con ella se frustró una reforma que en su momento daba solución a un problema que, casi treinta años después, sigue sin resolverse.
A esta cazuela de ingredientes se suma la incapacidad de muchos jóvenes para independizarse: la edad media de emancipación en España ronda los 30 años, según la Comisión Europea. Todo ello se combina con la pérdida de poder adquisitivo, una presión fiscal asfixiante y salarios estancados.
No es culpa de los empresarios ni de los inmigrantes: en España nadie cobra menos por ser extranjero, porque la ley garantiza la igualdad salarial. El problema real está en un entorno impositivo y regulatorio hostil, donde las empresas soportan cada vez más cargas y, en ocasiones, se ven forzadas a aplicar criterios ideológicos antes que profesionales. A esto se añade la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, que aumenta los costes y reduce la competitividad, afectando sobre todo a las pymes. Así, el mercado laboral se vuelve más rígido y menos capaz de ofrecer oportunidades reales a los jóvenes.
Como han podido apreciar a lo largo de este escrito, hemos analizado las cuestiones que fundamentan el problema de la vivienda en España. Y, como se ha podido observar, concurren en él una serie de factores diversos, donde la inmigración es uno más, pero no el centro. Emitir un veredicto superficial sobre un tema tan complejo revela, de forma inequívoca, la pretensión de algunos de afrontar un problema de calado europeo con un enfoque, como se diría coloquialmente, de brocha gorda.
Si no se produce una liberalización real del suelo, una reducción de la carga fiscal sobre el sector y una gestión eficiente de los fondos europeos, y no se garantiza la protección total de la propiedad privada, la vivienda seguirá siendo un bien difícil de alcanzar. El problema no es demográfico, sino institucional: una combinación de burocracia, ineficiencia y oportunismo político que está llevando a España y Portugal a un callejón sin salida habitacional.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en España y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
