El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentó el 3 de noviembre en el banquillo al comenzar el juicio en su contra por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con el correo que el abogado de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— envió a un fiscal. García Ortiz, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez; y el fiscal Julián Salto, prestaron declaración y respondieron a los interrogatorios.
En la conversación filtrada, entre González Amador y el fiscal Julián Salto, el abogado supuestamente reconocía dos delitos fiscales y se hablaba de un posible acuerdo.
La Fiscalía y la defensa consideran que no hay pruebas que acrediten el delito del fiscal general del Estado por solicitar los correos, mientras que las partes acusadoras, piden hasta seis años de cárcel además de suspensión de empleo público e inhabilitación.
Álvaro García Ortiz respondió este lunes que no se considera autor ni responsable de un presunto delito de revelación de secretos en la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, informó la agencia EFE.
«Rotundamente no», negó varias veces García Ortiz.
González Amador no hizo declaraciones públicas a la prensa a la entrada del Supremo y su comparecencia como testigo está prevista dentro del calendario del juicio entre la tarde de hoy o el martes, según avances de la agenda informados por La Sexta.
Hazte Oír, una de las acusaciones populares, destacó en redes sociales que «con la apertura del juicio al Fiscal General del Estado queda claro que la justicia se abre paso frente a la manipulación mediática y el control institucional».
La postura comunicada por el Gobierno autonómico de Madrid la emitió el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, al señalar: «Dejemos que la Justicia haga su trabajo».
Declaraciones de los testigos
La Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó en el Supremo que advirtió a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, sobre una posible filtración de los correos.
«Se lo dije, literalmente, Pilar, los van a filtrar», testificó Lastra, según la Cadena Ser. (Vídeo)
«Me quedé pasmada», dijo la fiscal superior al saber por parte del fiscal Salto que él había enviado los correos al fiscal general tras una petición de Rodríguez.
También afirmó que en esa fecha, había acordado enviar al día siguiente a los medios de prensa una aclaración de que la fiscalía no había acordado ningún acuerdo con el abogado de González Amador, como se estaba publicando a nivel público.
En su turno a declarar, Rodríguez negó las afirmaciones de advertencia que hizo Lastra, de que se iban a filtrar los correos y defendió la petición del fiscal general.
La Fiscal Jefe de Madrid, quien pidió el 13 de marzo los correos al fiscal Julián Salto, dijo que, en su opinión, se hizo con base en una dación de cuentas «absolutamente documentada» iniciada días antes, informó la agencia EFE.
No hay «ninguna clandestinidad», a la hora de pedir a un subordinado los correos que intercambió con el abogado González. «Le pido los correos porque los pide el fiscal general del Estado para saber qué había sucedido, toda vez que se estaba tergiversando un correo de manera absolutamente falsa, indicando que la Fiscalía había propuesto una conformidad», declaró la Fiscal Jefe de Madrid.
Cuando se le interrogó sobre la petición de García Ortiz para que se los reenviase a una cuenta personal de Gmail, dijo que no era de sorprender, acotando que también fueron enviados a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
El fiscal Julián Salto declaró como testigo que la petición de los correos por parte del fiscal general él la entendió en todo momento que era una dación de cuenta, «una orden legal», y no tuvo «ninguna duda» de que estaba obligado a proporcionar esa información. De ese modo, sus superiores podrían observar que él personalmente había actuado conforme a la legalidad.
También dijo que recibió mensajes contradictorios porque el primero le transmitió urgencia por trasladar los correos, mientras que en el segundo, se le dijo que «no corría prisa», ya que él en esos momentos estaba en un partido de fútbol, por tanto, podía esperar al día siguiente.
El fiscal negó que en los correos él había ofrecido algún pacto de conformidad al novio de Díaz Ayuso. En su declaración aseguró que el abogado de González Amador escribió el correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid reconociendo dos delitos contra la Hacienda Pública.
Lo que dijo la defensa y la Fiscalía
La defensa de García Ortiz reclamó ante el tribunal que se produjeron vulneraciones a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones con el registro del despacho del fiscal general, informó la Cadena Ser. La letrada Consuelo Crespo dijo que al dirigirse sin analizar otras vías, la investigación quebrantó la presunción de inocencia por la «idea preconcebida» de que era responsable de los hechos.
La Fiscalía también reclamó contra la entrada y registro en el despacho de Rodríguez. En su opinión, es una diligencia «nula de toda nulidad» en la que se recogen las comunicaciones y «se vulneran todas las reservas de la Fiscalía» en su labor profesional.
Lo que respondieron los abogados de González
Los abogados de Alberto González Amador solicitaron al tribunal que descarte todas las alegaciones de vulneración planteadas por la Fiscalía y la defensa de García Ortiz, ya que en muchos casos esas decisiones judiciales fueron confirmadas por la Sala de Apelación, mientras otras no se recurrieron.
«Mucha queja abstracta general sobre posibles vulneraciones y concretas ninguna», alegó el letrado Gabriel Rodríguez Ramos.
La defensa de Alberto González Amador pidió al tribunal que incorpore los mensajes que el periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, —quien adelantó el correo privado de su cliente— cruzó con Carlos Neira, el letrado que lleva su causa por fraude fiscal.
Partes acusadoras
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce como acusación popular, solicitó seis años de cárcel para García Ortiz por un delito de revelación de secretos, además de 12 años de inhabilitación, informó el Poder Judicial.
Alberto González Amador, como acusación particular, pidió cuatro años de prisión y tres años de suspensión de empleo público así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general al acusarle de filtrar datos confidenciales de su caso de fraude fiscal, para construir «un relato político lesivo».
Además, pidió 108 000 euros de multa, 300 000 euros por los «padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles».
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox solicitan cuatro años de prisión y tres años de suspensión para cargo público, inhabilitación especial para el cargo de jefe del Ministerio Público, y multas, informó Cadena Ser.
Ignacio Garriga, secretario general de Vox, en un vídeo del partido difundido en sus redes, dijo que «el juicio oral al Fiscal General del Estado es un episodio más en el drama al que nos ha arrastrado Pedro Sánchez».
Argumentos del Tribunal Supremo para la celebración del juicio
El magistrado Ángel Hurtado que emitió el auto del juicio oral el 9 de septiembre, explicó que el correo del abogado González de 2 de febrero de 2024 contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal […] sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía».
Esto estaría sujeto al cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, «por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación».
Además, la filtración del correo, según Hurtado, «pone en cuestión el prestigio de la institución» donde «los principios, como el de legalidad e imparcialidad […] pueden quedar en entredicho».
Hurtado añade que todo ello fue asumido por García Ortiz, desde el momento que, «a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como Fiscal, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida».
El magistrado concluye que los hechos, en una valoración provisional, y sin perjuicio de las calificaciones hechas por las acusaciones, podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, del que el investigado resultaría responsable penalmente.
El tribunal que juzga al Fiscal General del Estado está formado por siete magistrados: el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo
Unos 40 testigos deberán subir al estrado a declarar en el juicio contra el Fiscal General del Estado, que comenzó este lunes con la fase de las cuestiones previas y se prevé que finalice el 13 de noviembre. El proceso debe resolver si fue García Ortiz quien filtró el correo personal del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Con información de la agencia EFE.
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