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Esta semana, la justicia española imputó un quinto delito a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por malversación de fondos públicos, sumándose a cargos por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
La investigación, liderada por el juez Juan Carlos Peinado, también implica a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, por el supuesto uso de recursos públicos para fines privados.
Este nuevo capítulo intensifica el cerco judicial sobre el PSOE, en un contexto de múltiples investigaciones que afectan a figuras clave del partido.
En ese punto surge la pregunta del millón: ¿Podría el presidente del Gobierno terminar en el banquillo? ¿Cómo se investigaría a Sánchez en un sistema que protege a los aforados? ¿Qué consecuencias desataría este escenario para la democracia española?
Un presidente en el banquillo: el proceso legal al descubierto
En España, el presidente del Gobierno es un aforado, lo que limita quién puede investigarlo.
Según el artículo 71 de la Constitución Española, solo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida actualmente por el juez Andrés Martínez Arrieta, tiene competencia para hacerlo.
El proceso comienza con una querella o denuncia formal con indicios creíbles de un delito.
El líder del PSOE parece estar cerca de ese escenario. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha ordenado investigar si Sánchez incurrió en un conflicto de intereses al aprobar un rescate de 475 millones de euros para Air Europa, vinculada a Gómez.
«Si el presidente del Gobierno fuera imputado, estaríamos ante un escenario único en nuestra democracia», afirmó al respecto la abogada penalista Beatriz de Vicente.
En el caso de que el Supremo encuentre méritos, debe solicitar un suplicatorio al Congreso, un paso crítico bajo intenso escrutinio.
Suplicatorio: ¿escudo político o llave de la justicia?
El suplicatorio permite levantar la inmunidad de un aforado, regulado por el artículo 753 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En términos concretos, el Supremo solicita al Congreso autorización, tramitada por la Comisión del Estatuto del Diputado, que decide por mayoría simple.
Desde 1978, el Congreso ha aprobado el 90 % de los suplicatorios solicitados, como en el caso de Carles Puigdemont en 2019, lo que hace sumamente excepcional un rechazo.
Ahora bien, con el PSOE y sus aliados controlando 179 escaños, un bloqueo es plausible.
«No hay ninguna garantía de que ante una posible petición de imputación del presidente del Gobierno, la mayoría parlamentaria del PSOE pudiera no bloquear ese trámite y forzar un archivo de la causa en pleno escándalo nacional e internacional», advierte una fuente judicial consultada por el portal Libertad Digital.
«Claro que hay miedo a ese choque institucional», afirma.
En diálogo con The Epoch Times España, Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, explica que, en términos constitucionales, «sólo un intento injustificado de enjuiciar, absolutamente espurio, podría justificar la denegación del suplicatorio».
Para el catedrático, esa situación no se da en estos momentos en España. «En un Estado de Derecho es difícil poder imaginarse que existan causas judiciales espurias que hagan necesario que en un momento dado se pueda justificar el bloqueo por parte de la Cámara Parlamentaria no concediendo el correspondiente suplicatorio», sostiene.
«Parece muy difícil que en una democracia donde rige el Estado de Derecho y el imperio de la ley pueda justificarse la denegación de un suplicatorio», indica.
«El suplicatorio es impropio de un Estado de Derecho. No tiene ningún papel para la protección de la democracia. Yo creo que habría que suprimirlo», agrega con contundencia Javier Tajadura Tejada, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.
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El PSOE en la mira
El PSOE enfrenta un escándalo sin precedentes, con 47 altos cargos socialistas —21 investigados y 26 testigos— citados por la justicia en casos de corrupción o irregularidades.
El nuevo cargo contra Begoña Gómez por malversación, vinculado al uso de recursos públicos en la Complutense y reuniones con ejecutivos de Globalia antes del rescate de Air Europa, agrava la presión.
Ahora, Gómez enfrenta cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.
Sánchez ya fue citado como testigo en julio del año pasado por el juez Peinado por el caso en el que está procesada su esposa. Se trata de un hecho inédito que ha alimentado especulaciones sobre su eventual imputación.
El caso Koldo, que implica al exministro José Luis Ábalos y contratos irregulares por montos millonarios durante la pandemia, también salpica a Sánchez. El juez Ismael Moreno señaló referencias a Sánchez como «el 1» en conversaciones de esta trama, sugiriendo su posible conocimiento del rescate de Air Europa.
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Sánchez contra las cuerdas
Si la justicia encuentra elementos suficientes para imputar a Sánchez pero el Congreso niega el suplicatorio correspondiente para procesarlo y enjuiciarlo, según los expertos, se desataría una tensión institucional sin precedentes.
«Sería una crisis muy profunda, que ahondaría aún más la polarización y sería realmente terrible para el régimen democrático», alerta el profesor de Ciencia Política Fernando Jiménez Sánchez en una entrevista para The Epoch Times España.
¿Y qué pasaría si, por el contrario, el Congreso accede al suplicatorio y Pedro Sánchez es imputado?
Aunque la Constitución no exige la dimisión de un presidente imputado hasta una condena firme, la presión política sobre este sería enorme.
De hecho, desde la Universidad de Murcia, el catedrático Jiménez Sánchez no deja lugar a dudas de que, en realidad, ante la responsabilidad política que debería haber asumido el líder del PSOE por la multiplicidad de escándalos que le rodea, «Sánchez tendría que haber dimitido hace ya mucho tiempo».
Si a pesar de todo ello, el mandatario de 53 años se negara a dejar la Moncloa, la oposición podría intentar una moción de censura, como la que impulsó Sánchez contra Mariano Rajoy (PP) en 2018.
Pero con 350 escaños en el Congreso, se necesitan 176 votos (mayoría absoluta), algo bastante improbable ya que el PP y Vox deberían sumar a aliados del PSOE como Junts o ERC.
En diálogo con The Epoch Times España, Javier Tajadura Tejada lamenta: «La responsabilidad política ha desaparecido. Nadie dimite, salvo por condenas penales, y se ha judicializado todo».
Qué enseña el mundo
Casos internacionales ofrecen lecciones.
En Italia, Silvio Berlusconi fue procesado como primer ministro sin suplicatorios: «Cualquier juez de Italia podía procesarlo», explica Tajadura Tejada. En Francia, François Fillon abandonó su candidatura presidencial en 2017 tras ser investigado por malversación.
Es decir, en la mayoría absoluta de los casos, cuando el cerco judicial los encierra, los propios líderes terminan dando «un paso al costado» para no generar una crisis institucional.
«Las democracias más consolidadas no llegan nunca a ese extremo porque hay una cultura democrática que lleva a que los líderes dimitan para evitar daños al sistema político», subraya Jiménez Sánchez.
«En términos de reforma constitucional, puede ser interesante repensar las prerrogativas parlamentarias» para evitar que el aforamiento sea un privilegio, propone por su parte Teruel resaltando que España, con más de 10 000 aforados (diputados, senadores, cargos autonómicos), tiene el sistema de fueros más amplio del mundo.
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España en vilo: ¿un régimen al borde del colapso?
Los argumentos iniciales de Sánchez de que los casos que iban apareciendo se trataban de ataques de la «ultraderecha» desde la justicia han quedado obsoletos ante la sumatoria de imputaciones y el desfile de casi medio centenar de altos cargos del PSOE por diferentes tribunales a lo largo de los meses, y particularmente con el quinto cargo en su contra que acaba de sumar su señora, Begoña Gómez.
«El problema de fondo que tiene España es que hay ataques sin precedentes al Poder Judicial, se habla de lawfare, de persecuciones políticas, cuando no hay nada de eso», comenta Tajadura Tejada.
El académico apunta que si el Supremo solicita un suplicatorio y el Congreso lo bloquea, o si las pruebas avanzan hacia una imputación pero aún así Sánchez se niega a dimitir, y la oposición no logra avanzar hacia una moción de censura, España podría enfrentar un «momento crítico: la crisis constitucional».
«Si Pedro Sánchez se niega a dimitir, y más incluso si todavía hay un voto negativo al suplicatorio del Tribunal Supremo, evidentemente la crisis será gravísima. Después del 23 de febrero de 1981, será el momento más crítico del régimen democrático… Puede ser el final del propio régimen democrático», concluye con preocupación Jiménez Sánchez.
¿Llegará España a tal punto? Lo cierto es que, a juzgar por las voces de los especialistas, no hay dudas de que el sistema constitucional está funcionando al límite.
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