España arde con 1924 incendios que han consumido más de 400 000 hectáreas. Desde Chandrexa de Queixa, Ourense, el ganadero gallego Roberto López, contempla la devastación: «Una debacle, miles y miles de hectáreas completamente calcinadas. Es como estar en la luna. Está todo negro».
Galicia, con 150 000 hectáreas quemadas; Castilla y León, con 120 000; y Extremadura, con 80 000 —según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS)—, son las más afectadas.
¿Cuál es la verdadera causa de semejante tragedia?
Mientras las autoridades nacionales apuntan al denominado «cambio climático», las comunidades rurales, por el contrario, señalan a las políticas ambientales de la Unión Europea y su aplicación estricta en España como responsables.
La explicación del campo es simple: estas normativas prohíben prácticas tradicionales de gestión forestal, que durante miles de años controlaron los incendios.
En efecto, leyes como la Ley de Restauración de la Naturaleza y la Red Natura 2000 —que abarca cerca del 30% del territorio español— impiden limpiar matorrales o pastorear en áreas protegidas.
«No tiene explicación lógica lo que está sucediendo. Hay un error de fondo en las políticas que desde hace años se están desarrollando desde Europa y desde el Estado», afirma José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante, en una entrevista con The Epoch Times España.
En diálogo con este medio, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, coincide: «Desde Bruselas y desde Madrid, desde un despacho en un ministerio o en una comisaría, nos aplican normativas medioambientales que ellos creen que son muy buenas, pero que en la práctica son un desastre»
El abandono de los pueblos
La despoblación rural —por las políticas ambientales sumamente invasivas— es la cara visible del problema.
En 1960, la población rural representaba el 43,4 % de España; en 2021, cayó al 16 %.
«La principal causa de estos incendios tan grandes es la despoblación, motivada porque las políticas han ido encaminadas a que todo el mundo se vaya a la gran ciudad», sintetiza el ganadero Roberto López en comunicación con The Epoch Times España.
En el mismo sentido, Víctor Viciedo, Presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos (ALIV), denuncia: «Esta despoblación es consecuencia de políticas que expulsan al campesino y criminalizan al ganadero y que prohíben al agricultor ser parte de la solución».
Para colmo, buena parte de los pocos que quedan en el campo resistiendo han sido abatidos por el fuego que avanza de manera implacable.
En las últimas horas, López ha dedicado su tiempo a socorrer a familias que se encuentran en una situación desesperante: «Me he encontrado con ganaderos muy abatidos y con vecinos que lo han perdido todo», lamenta.
Montes abandonados por la burocracia
A medida que fueron avanzando las normativas ambientales, la acumulación de vegetación seca se ha ido incrementando provocando un gigantesco depósito de combustible que ante una inofensiva chispa ha desatado la tragedia.
«Las políticas ambientalistas de la UE han contribuido a limitar la limpieza directa de los bosques», afirma Viciedo en una entrevista con The Epoch Times España en tanto que Cortés, de Unión de Uniones, explica: «Antes se aprovechaba la leña seca y el pastoreo mantenía los bosques sanos».
«En un pueblo cercano, se juntaban 10 000 ovejas y hoy no hay ni 300», ejemplifica el ganadero López. «Esas ovejas se comían el mato que ahora arde», sostiene.
Un campo asfixiado por las normas
El Pacto Verde Europeo impone restricciones severas. Dos ejemplos: la Ley de Restauración de la Naturaleza busca devolver terrenos a un estado «natural o salvaje» y la Estrategia De la Granja a la Mesa tiene como objetivo reducir un 50 % los fitosanitarios y antibióticos y un 20 % los fertilizantes para 2030.
Por su parte, la Directiva Marco del Agua limita el regadío y el LESPRE incrementa los ataques al ganado por la protección del lobo ibérico.
Estas políticas ambientalistas han diseñado «modelo suicida de crecimiento que, aunque la sociedad no lo quiera ver, tiene los días contados», han advertido más de 1530 profesionales que firmaron un comunicado público.
A pesar de ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha defendido estas normativas asegurando que las mismas buscan «equilibrar la conservación con la actividad humana».
Es que el impacto directo de estas políticas es imposible de soslayar. «Conducen al abandono del territorio y favorece los incendios», critica Viciedo poniendo como ejemplo el LESPRE: «Mientras se eleva al lobo a símbolo de biodiversidad, se condena al pastor y al ganadero a convivir con una amenaza que destruye su modo de vida».
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Al consultar con agricultores y ganaderos sobre cómo las políticas que bajan desde Bruselas están matando el campo, los ejemplos afloran por doquier. Desde Extremadura, Luis Cortés relata que la famosa encina la Terrona —considerada la más grande y longeva del mundo— durante 2000 años se mantuvo vigorosa gracias a la manutención que le han dado los agricultores, sin embargo actualmente está sostenida por vigas porque las normativas prohíben podarla.
«La explotación de la madera y de la biomasa, el pastoreo extensivo y la agricultura de secano de montaña son los auténticos guardianes del bosque. Pero los primeros en caer fruto de esas políticas erróneas han sido esos guardianes.», resume Andreu de ASAJA al respecto.
¿Quién se beneficia del fuego?
El fuego también ha avivado todo tipo de especulaciones sobre los intereses que puede haber detrás de semejante tragedia.
Las sospechas, en muchos casos, tienen su justificativo. Sin ir más lejos, días atrás se detuvo a un trabajador de extinción por presuntamente provocar el incendio que arrasó 2200 hectáreas en Ávila.
Viciedo de ALIV pone el foco también en la burbuja especulativa de las energías renovables que amenaza, entre otras, a las plantaciones de olivares.
«Si por ley se permiten negocios como las renovables en terrenos quemados, hay que prohibirlo para que no haya intereses en quemar monte», apunta.
«Se habla de parques eólicos, placas fotovoltaicas, extracción de litio, pero yo creo que es desinterés, desviar dinero a las grandes ciudades», aporta por su parte el ganadero Roberto López.
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El juego político en medio de las llamas
Los incendios están devastando economías y comunidades rurales completas. Mientras los incendios avanzan, ya se calcula que las pérdidas se cuentan por decenas de millones.
En este marco de desesperación, la gestión de los incendios genera fricciones políticas sobre quién debe hacerse cargo de la coordinación del combate a los incendios.
La escala de emergencias incluye el nivel 0 (ayuntamientos), nivel 1 (diputaciones), nivel 2 (bomberos y UME) y nivel 3, donde el Ministerio del Interior toma el control (Artículo 29 de la Ley 17/2015).
Las comunidades autónomas son las encargadas de elaborar planes de ordenación de montes, pero en algunos casos los presupuestos han caído drásticamente, como en Castilla y León, que se han reducido aproximadamente un 50 %, según denuncia Viciedo.
Mientras tanto, desde la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, afirman: «Hemos pedido recursos al Gobierno central, y no hemos recibido nada».
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«En cualquier caso, ni las autonomías piden el nivel 3, porque ellas dicen: ‘Tú préstame medios que yo lo haré’. Porque si no, es dar una imagen de incapacidad ante la opinión pública. Y por otro lado, el gobierno no quiere ese marrón. El gobierno dice: ‘tú quédate con el marrón’. Entonces, por ese motivo, no se activa el nivel de emergencia nacional», explica Viciedo.
«Ninguna administración actúa pese a la responsabilidad compartida», opina por su parte Cortés.
En diálogo con este medio, una fuente del sector agropecuario añade que, en realidad, al tratarse, en su mayoría, de comunidades gobernadas por el PP, «[el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro] Sánchez se ha lavado las manos».
El saber rural contra el fuego
En este contexto, el campo no se queda sólo en la denuncia, sino que abunda en propuestas.
«La primera solución es devolver la rentabilidad al campo», afirma Viciedo.
ASAJA aboga por flexibilizar normativas. Su titular José Vicente Andreu destaca el caso de Soria, donde «la explotación forestal ordenada ha evitado incendios durante años».
Por su parte, Luis Cortés de Unión de Uniones propone «que los animales coman el matorral y se permita aprovechar la madera seca de los montes».
Desde Galicia, el ganadero Roberto López, resalta el rol de la quema controlada. «En invierno, se quemaban 5, 10 o 15 hectáreas y en lugares concretos. Entonces, cuando llegaba el verano, ahí lo que había era pasto verde, y aunque llegase un incendio hasta ahí, se quedaba controlado y lo podías apagar perfectamente», enfatiza.
Una voz silenciada que exige ser escuchada
«Si no se escucha a los productores de alimentos, las ciudades lo pasarán mal», advierte por su parte el productor lácteo Roberto López desde Lugo.
Luis Cortés de Unión de Uniones coincide en que las autoridades y los que toman decisiones simplemente no escuchan la voz del campo: «Si los esfuerzos que hacen en echarse la culpa los hicieran en escuchar al campo, mucho mejor nos iría».
¿Escucharán Bruselas y Madrid antes de que el próximo verano convierta más pueblos en cenizas?
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