De haber juicio oral contra Begoña Gómez podría ser «este mismo mes», dice el magistrado González Mariscal de Gante

En vísperas de la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante el juez Juan Carlos Peinado, The Epoch Times España entrevistó al magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La declaración de Gómez, investigada por cinco delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos— marca un nuevo capítulo en una saga judicial que ha tensionado las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El juez Peinado, además, solicitó el 3 de septiembre todos los correos electrónicos con dominio moncloa.gob.es utilizados por la secretaria de Gómez desde 2018.

Las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, quien días atrás acusó a algunos jueces de practicar «lawfare» y «hacer política», han desatado una ola de críticas desde asociaciones judiciales.

En este contexto, González Mariscal de Gante ofrece una perspectiva desde el corazón del sistema judicial, alertando sobre una «amenaza histórica» a la independencia judicial, un término que ya había utilizado en una entrevista previa con The Epoch Times España.

En esta conversación, el magistrado analiza el impacto de los ataques del gobierno al poder judicial, el rumbo del caso de Gómez —que podría derivar en un juicio oral en cuestión de semanas— y la inédita situación del fiscal general del Estado, investigado por el Tribunal Supremo por filtrar correos de la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, aborda rumores sobre una posible investigación en Estados Unidos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con Nicolás Maduro, asegurando que la justicia española cooperará sin interferencias.

The Epoch Times España: Esto lo estamos grabando el martes 9 de septiembre. Mañana 10 va a comparecer Begoña Gómez ante la justicia, convocada por el juez Peinado, que instruyó el caso y también ha solicitado a Moncloa todos los correos electrónicos que utilizaba la secretaria de Begoña Gómez con la extensión moncloa.gob.es. Paralelamente, se dieron declaraciones de Pedro Sánchez, quien habló ante Televisión Española y después lo ratificó en otras declaraciones a la prensa, donde dijo, cito textual, que hay «jueces que no cumplen la ley», que hay «jueces haciendo política que son una minoría, pero que hacen un inmenso daño en la justicia». Magistrado, ¿cuál es su opinión sobre todo esto?

Magistrado González: Al final, nos estamos acostumbrando a este tipo de expresiones. La realidad es que tenemos que asumirlo como algo normal y lo cierto es que así lo hacemos.

La crítica a las resoluciones judiciales, a las actuaciones judiciales de todo tipo, es algo saludable y normal en democracia y hay que asumirlo como algo que incluso mejora el servicio, mejora al Poder Judicial. La crítica es constructiva y nos ayuda a mejorar.

Si la crítica comienza a deslizarse de manera que se señala que hay una intencionalidad política, que hay un trasfondo distinto del que persigue el Poder Judicial o del que debe perseguir el derecho, si empieza a generar desconfianza por parte de los ciudadanos con estas expresiones, lo que se está erosionando es al Poder Judicial.

Si esto no viene de un grupo anónimo, sino que viene del presidente del Gobierno, del jefe del Ejecutivo en España, constituye una falta de lealtad institucional.

Por parte del Poder Ejecutivo, plantear estos debates resulta en generar una duda hacia otro poder del Estado, el Poder Judicial, encargado de controlar la actuación del poder ejecutivo, entre otros, y que al final siembra una duda muy peligrosa.

Por eso, siempre será preferible evitar este tipo de expresiones, máxime cuando las circunstancias son las que son: parece lógico entender que quien tiene a su esposa, a su hermano vinculados a investigaciones defienda sus intereses, pero no hay que olvidar que Pedro Sánchez también es presidente del Gobierno y, por tanto, no debería deslizar esos comentarios que, como decía, erosionan al Poder Judicial.

The Epoch Times España: Uno entiende, como usted dice, que por sentido común, si hay investigaciones que involucran a miembros de la familia, uno puede decir: «Mire, yo los conozco, son inocentes». Eso sería una forma de defensa. Otra cosa es atacar al juez y hablar de lawfare, decir que tiene motivaciones políticas y desacreditar la autoridad del juez para llevar a cabo estos procesos.

Magistrado González: Al final, es una reacción natural. Es muy humano defender a quien uno quiere y a quien es más cercano. Eso es totalmente humano.

Lo que ocurre es que lo hace quien, además, tiene unas responsabilidades muy importantes dentro del país, probablemente el que más, porque el presidente del Gobierno es el jefe del Ejecutivo, el poder más importante, quizás, de todos, porque lleva la dirección política del país.

Eso resuena gravemente en un Poder Judicial que es lo que menos necesita, porque las instituciones se basan en la confianza, y si desde otro poder se debilita esa confianza, se debilita el Poder Judicial. Eso, dentro de todo este contexto, es preocupante, como poco, muy preocupante.

The Epoch Times España: Yendo nuevamente a las declaraciones de Pedro Sánchez, usted, como magistrado, ¿cómo evalúa a nivel procesal el caso de Begoña Gómez?

Magistrado González: En el caso de Begoña Gómez, igual que ocurre con todos los demás casos que se están llevando, la crítica no tiene mucho sentido desde el punto de vista de que todo lo que se hace está sujeto a recurso, que se puede interponer ante la Audiencia Provincial, y de hecho se han interpuesto algunos. Se han planteado denuncias ante actuaciones de los jueces instructores y se han resuelto por otros jueces.

Plantear que no se está haciendo bien o que se está llevando de una forma dudosa es sembrar una duda que no tiene sentido, porque esto no lo lleva un juez, lo llevan muchos jueces muy diferentes, y que, además, son escogidos por simple azar.

No cae a uno en concreto porque nadie lo designe; es el azar de los números el que va definiendo quién responde a qué, y caben una multitud de recursos frente a todo lo que haga cada uno de los jueces. Con lo cual, plantear estos debates cuando no se están planteando recursos es sacar la causa del juzgado, cuando, en realidad, donde tiene que estar es en el juzgado, con todas las garantías que eso conlleva: garantías de recursos, garantías del examen técnico de todo lo que se hace.

Si lo que se pretende es buscar un juicio paralelo, que a veces parece que es lo que se busca, nosotros entendemos que es un camino erróneo, porque el único juicio válido es el que tiene las garantías constitucionales y legales, que es el que se está haciendo actualmente.

The Epoch Times España: Begoña Gómez enfrenta cinco cargos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. El juez Peinado la convocó para ser interrogada nuevamente el 10 de septiembre y también se han pedido los correos electrónicos. Para el ciudadano de a pie, ¿qué significa esto? ¿Qué está viendo el juez?

Magistrado González: Lo que está viendo es que puede existir una prueba derivada de las comunicaciones.

Al fin y al cabo, lo que se quiere acreditar son hechos que son muy difíciles de investigar y de acreditar, porque dependen de conversaciones y de relaciones internas en el ámbito privado, y eso implica que haya que atender a las comunicaciones.

Dicho de forma muy sencilla, porque no hace falta entrar en tecnicismos, básicamente lo que se están investigando son esas relaciones y el aprovechamiento de esas relaciones. Eso es lo que es objeto de investigación.

Ojo, con toda la presunción de inocencia, pero el juez ha considerado que puede haberse incurrido en algún delito más y, por tanto, ha solicitado más pruebas.

Por esa razón, mañana procederá a declarar doña Begoña Gómez para que sea escuchada, porque el objetivo de todas las declaraciones, aun desde una perspectiva de comunicación, es un acto procesal muy trascendente, porque se declarará ante el juez. La realidad es que es, por encima de todo, una garantía para que ella pueda explicar lo que considere, incluso en ese momento se pueda sobreseer todo, porque dé una explicación perfectamente plausible.

Dependerá de lo que se diga mañana y de la información que tenga el juez, a la que no tenemos acceso, ni siquiera los medios de comunicación o la gente que critica tanto a estos jueces.

The Epoch Times España: El proceso está en fase de investigación. ¿Hay posibilidad de que se abra a juicio oral, y, de ser así, de qué plazos estamos hablando, según su experiencia?

Magistrado González: Es una causa que ya tiene un tiempo, entonces no debe tardar mucho más, posiblemente.

El problema es que las investigaciones de esta naturaleza suelen cogerse por un hilo de comunicaciones, de relaciones.

A partir del momento en que se coge un nuevo dato, ese dato genera nuevas informaciones. A veces, son causas que, por desgracia, es muy difícil terminarlas, porque siempre hay nuevas cosas que pueden investigarse, que no necesariamente son constitutivas de delito. Todo este camino no tiene por qué necesariamente acabar en un juicio oral.

Lo que sí hay son un montón de cosas y de hechos que generan ciertas dudas y que no tienen una explicación razonable dentro de la legalidad y resultan dudosas, simplemente, que pueden tener explicación, por supuesto, pero falta esa explicación.

¿Cuánto puede tardar esto? Es imposible calcularlo, porque depende de muchas circunstancias.

Lo que sí es cierto es que están muy controlados los plazos, porque la instrucción cada ciertos meses tiene que renovarse y tiene que justificarse el motivo por el que se sigue investigando, con lo cual hay un pleno control de la situación.

Ahora mismo, hay una imputación de un nuevo delito, una nueva declaración.

Veremos si, consultado esto y los correos que se han solicitado, el juez considera que es suficiente, bien para sobreseer o para formarse un juicio, sobreseer el asunto o pasarlo a juicio oral.

The Epoch Times España: Si el juez entiende que hay elementos suficientes podría pasar a juicio oral y, según entiendo, ese plazo no necesariamente tiene que ser muy largo. ¿Estamos en un plazo relativamente corto, algunos meses?

Magistrado González: Podría ser incluso muy rápido, muy rápido, podría ser este mismo mes [septiembre].

Depende de si el juez considera que tiene suficientes datos, bien sea para tomar una resolución de continuar y pasarlo a juicio, bien sea para resolver directamente el sobreseimiento. Hay muchas opciones en este punto, pero dependerá de si considera que hay suficientes indicios.

Eso le corresponde a él, pero las partes intervienen, es decir, pueden formular alegaciones, con lo cual la sensación de que el juez hace lo que quiere e ignora a las partes está muy alejada de la realidad.

The Epoch Times España: En caso de que llegue a juicio oral, ¿cuánto tiempo tiene de proceso, teniendo en cuenta que estamos hablando de la figura de la primera dama?

Magistrado González: En España, la primera dama no existe como tal. Es la esposa del presidente, pero no tiene ningún cargo como tal, no tiene un cargo administrativo. Puede ir detenida eventualmente, no tiene ningún tipo de inmunidad como tiene el presidente. Va a ser con total normalidad cuando le corresponda, igual que lo está investigando un juez al que le corresponde el asunto, lo llevará a una sala que será a la que le corresponda.

Si hablásemos de figuras como ministros o presidentes de Gobierno, eso son figuras aforadas y van directamente al Tribunal Supremo. Pero en el caso de doña Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, no tiene ningún aforamiento, por eso está en Plaza de Castilla, que son los juzgados de instrucción donde van todos los delitos que se cometen en Madrid y en su partido judicial.

Se investigan y luego irá a la Audiencia Provincial, al juzgado de lo penal, o se sobreseerá el asunto correspondiente. Eso lo decidirá el magistrado en el momento oportuno, pero se le va a dar normalidad, conforme a las agendas de la justicia, que, por desgracia, tienen más tiempo del que nos gustaría, pero es un problema de falta de inversión que no podemos resolver nosotros, dado que no nos encargamos del presupuesto, pero será cuando le corresponda, como al resto de los ciudadanos.

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The Epoch Times España: El Supremo acaba de abrir un juicio contra el fiscal general del Estado por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Podría ser obligado a dejar el cargo?

Magistrado González: El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral, pero no ha resuelto la suspensión. Es decir, el fiscal general del Estado continúa en su cargo actualmente. Habrá que estar a lo que diga el juicio, fundamentalmente la sentencia cuando recaiga.

Es cierto que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé como causa de cese del fiscal general del Estado condenas por delitos, pero habrá que esperar a la propia sentencia que fijará las consecuencias de los actos. Dependerá de la prueba y lo que vean los magistrados del Tribunal Supremo.

The Epoch Times España: El Tribunal Supremo abriendo un juicio contra el fiscal general, ¿es algo normal?

Magistrado González: Es inédito y, por desgracia, seguimos siendo innovadores en este ámbito, y es una pena, porque la imagen se deteriora.

Las instituciones se basan en la confianza de los ciudadanos, y esto la erosiona cuando ven que el fiscal general del Estado, que es el jefe de los fiscales, que son los que piden las condenas, acusar a los delincuentes, está entre esos delincuentes, porque le están imputando un delito, en la misma situación de aquellos para los que pedía condena hace no mucho.

Tiene toda la presunción de inocencia, por supuesto, pero ostenta una función muy importante, un cargo del Estado, no del Gobierno. Esto conviene recordarlo, porque a veces se desliza esa duda. Parece que sea un miembro más del Gobierno, y nada más lejos de la realidad. Es el fiscal general del Estado, la cúspide del Ministerio Fiscal.

Por un lado, está el aspecto personal, donde tiene derecho a defenderse, pero no puede instrumentalizar el cargo, de modo que demos una sensación de normalidad en la Fiscalía General del Estado cuando estamos muy lejos de esa normalidad.

No estamos hablando de una investigación inicial derivada de una querella que no esté bien fundada.

Magistrados del Tribunal Supremo han considerado que hay indicios suficientes de criminalidad y lo pasan a juicio, la última fase de un proceso penal, con todas las pruebas y garantías.

La identificación de estos elementos habría aconsejado, quizás, que el fiscal general del Estado se apartase y permitiese que la justicia siguiese sin darle más trascendencia a su situación personal que a otros. Por desgracia, no estamos viviendo esa situación, sino, al contrario, su intervención en el acto de apertura del año judicial el viernes pasado.

The Epoch Times España: ¿No cree que el fiscal general pueda llegar a renunciar?

Magistrado González: No lo ha hecho hasta ahora. La apertura de juicio oral era bastante previsible, con lo cual no creo que haya generado mucha sorpresa y, por tanto, tampoco creo que sea un punto de inflexión en esta situación para el Ministerio Fiscal.

El fiscal general del Estado sabía que la situación iba a venir. No creo que suponga un cambio más trascendente de los que ya se han producido hasta ahora.

The Epoch Times España: Estamos hablando de algo totalmente inusual: un fiscal general acusado de filtrar un correo de una dirigente opositora al gobierno actual. Estamos hablando de acusaciones del presidente del gobierno a la justicia de lawfare, de que los jueces hacen política, y un largo etcétera. ¿Cómo caracterizaría la relación de este Gobierno con la justicia?

Magistrado González: Profundamente enrarecida como consecuencia de este tipo de comentarios.

La califico de irresponsabilidad y de falta de lealtad institucional.

Somos cargos públicos que ejercemos unas funciones, pero no para nosotros, sino para los ciudadanos, y esa responsabilidad nos obliga a no emitir este tipo de comentarios, no sembrar la duda, no generar discordancias y procurar que el servicio se preste lo mejor posible, no generar un debate interno sobre la justicia, deslegitimarla, dudar de lo que se hace dependiendo de las circunstancias.

Se duda cuando se ataca a los que yo considero políticamente inoportuno. Cuando el ataque es políticamente oportuno, los jueces son muy buenos, hacen bien su trabajo, hay que respetarlo.

El problema es que nosotros no funcionamos en función de ese criterio de oportunidad política, sino conforme a criterios de justicia. Esa situación nos coloca en una tesitura en la que nosotros nos comportamos con la mayor profesionalidad, mientras que los ataques se producen de forma reiterada.

Las asociaciones lo señalamos y procuramos solicitar que haya rigor, profesionalidad, esa lealtad institucional, pero no vamos a corregir a ningún poder público. No consideramos que tengamos que hacerlo. Vemos cómo lo intentan hacer con los jueces. Creemos que la mejor respuesta es seguir con nuestro trabajo y ser muy profesionales, porque, dependiendo de la oportunidad política, se nos critica o se nos ensalza. Nosotros no funcionamos bajo esos criterios y lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y que no nos atribuyan intenciones políticas espurias, que respeten que la justicia es independiente y se somete exclusivamente a la Ley.

The Epoch Times España: Usted, en una entrevista anterior con The Epoch Times este año, había señalado, cito textual, que «la amenaza que enfrentamos es histórica», en referencia a la huelga y a partir de todo esto que menciona. ¿Peligra la independencia judicial?

Magistrado González: Sí, está en riesgo la independencia judicial, siempre está en riesgo, porque lo vemos en muchos países donde los jueces incomodamos y somos un problema para el poder, lo cual implica que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ser una molestia para el poder es, yo diría, a lo que se tiene que reducir la función jurisdiccional: controlar a los más poderosos y proteger a los más débiles, que es la razón de ser de la justicia por encima de todo.

Muchas veces, se va a intentar controlar, soslayar e intervenir por parte del poder, buscando fórmulas para hacerlo. Ahora mismo, las reformas judiciales que pretende el gobierno van encaminadas a eso, y por eso me refería a esa situación de amenaza histórica, porque nunca habíamos visto una sucesión tan reiterada de ataques invariables contra el mismo objetivo: controlar a jueces y tribunales en España.

En una época en la que tenemos muchas causas dirigidas contra miembros del Gobierno o familiares cercanos, resulta poco oportuno realizar un examen de la justicia. Desde el punto de vista de oportunidad política, resulta muy extravagante intentar modificar a los jueces cuando son los jueces los que persiguen a gente de alrededor del gobierno. Como mínimo, puede ser mal interpretado.

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The Epoch Times España: Usted dijo «amenaza histórica, nunca hemos vivido algo así». ¿Calificaría a este gobierno como uno de tintes cuanto menos autoritarios?

Magistrado González: Muestra tendencias populistas en muchas ocasiones en este ámbito.

Las propuestas van encaminadas a eso cuando se fundan en hechos que no son reales.

Sostienen que la reforma de la justicia tiene que hacerse porque la Unión Europea lo exige, y eso no es cierto. Cuando les hemos pedido los requerimientos, nunca aparecen. Ese tipo de planteamientos son muy raros. Bastaría con darle publicidad a ese documento, pero no lo hemos encontrado en ningún sitio. Más bien, parece que la Unión Europea está en contra de todo esto.

Lo hemos visto con la ley de amnistía, que pretende obviar el estado de derecho con una norma contraria a la Constitución y a la ley. Nos dicen que hay figuras de amnistía en otros países, pero se regulan como casos muy concretos, no se hacen amnistías para obtener votos políticos. Es una situación extraña.

Se ha acuñado el término lawfare, que en España no sabíamos lo que era. Vamos a usar el término español, prevaricación, el delito del juez que dicta una resolución injusta a sabiendas. Eso está previsto en nuestra legislación, hemos condenado a jueces por prevaricación y los hemos expulsado de la carrera.

Pero hemos acuñado un nuevo término, lawfare, que parece más moderno para definir la misma situación: que los jueces intentan lesionar al gobierno. No es exactamente así. La sensación que tengo es que lo único que intentan es sembrar discordia y perjudicar al Poder Judicial, que lo único que hacemos es nuestro trabajo, previsto en la Ley y la Constitución, y, si se me permite, lo hacemos bastante bien, aunque a mucha gente no le parezca bien lo que decimos.

Hay mucha litigiosidad en España porque el ciudadano confía en sus jueces. Luego, el juez puede equivocarse, pero tenemos un régimen de recursos tan fuerte, un sistema tan bien diseñado, que todos encontrarán una respuesta fundada.

The Epoch Times España: Una pregunta corta: habló del tema de Europa y la reforma judicial —la llamada ley Bolaños—. Ustedes habían hecho una presentación ante la Unión europea. ¿Han tenido alguna novedad al respecto?

Magistrado González: Ninguna. No hemos tenido novedades, porque esta ley, en el curso de su tramitación, no se está tramitando. No sabemos a qué obedece, pero nos imaginamos que no debe tener los apoyos necesarios para salir adelante. Igual mañana los consigue y se presenta la ley definitivamente para votación, pero ahora mismo, no tenemos ninguna novedad al respecto.

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The Epoch Times España: Otra noticia que trascendió en las últimas horas es que la justicia estadounidense, que está investigando a Nicolás Maduro, tendría en la mira al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con Caracas. En caso de que lo requiera, ¿el sistema judicial español está en condiciones de cooperar con la justicia estadounidense?

Magistrado González: La cooperación siempre es necesaria e inherente. Nuestra cooperación con todos los países es muy habitual, y nosotros cooperamos muy activamente. He sido juez en el Levante español, donde hay muchas causas que afectan a extranjeros, y la cooperación está a la orden del día. Eso no es ningún inconveniente.

La justicia está por la obligación de cooperar. La causa concreta la desconozco, ignoro los términos de la investigación y qué ha señalado el tribunal estadounidense, pero la cooperación siempre se ha producido y no creo que haya ningún inconveniente.

The Epoch Times España: ¿No ve riesgo de que, tratándose de un expresidente del mismo partido del actual Gobierno y con todos los antecedentes relatados, pueda haber algún tipo de interferencia?

Magistrado González: En la relación con los jueces, ninguna. Esto es una cuestión de cooperación judicial, por tanto, no creo que haya ningún inconveniente. No vería mayor problema en esa investigación. No me genera ningún temor.