El Tribunal Supremo se prepara para una semana decisiva en la trama de corrupción conocida como caso Koldo, con la comparecencia de José Luis Ábalos programada para el 15 de octubre.
El exministro de Transportes, investigado por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, enfrenta un riesgo creciente de ingreso en prisión provisional, según fuentes judiciales consultadas por varios medios.
Este escenario se agrava por el último informe de la UCO entregado el 3 de octubre, que detalla ingresos irregulares por valor de hasta 95 000 euros en gastos no justificados vinculados a Ábalos, así como entregas en efectivo desde la sede del PSOE en Ferraz.
La última maniobra desesperada del exdirigente socialista —renunciar a su abogado a solo dos días de la declaración— refleja un «miedo atroz» a la cárcel, según su entorno.
Entonces, ¿es inminente su ingreso en prisión?
El detonante
El informe de la UCO del 3 de octubre, con 285 páginas, ha sido determinante para acelerar el cerco sobre Ábalos.
Los agentes del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción analizaron el patrimonio del exministro y concluyeron un incremento no justificado en sus finanzas, con continuos ingresos en efectivo que no cuadran con sus declaraciones de renta.
Entre los hallazgos clave, se detallan entregas de 32 000 euros en sobres recogidos en la sede del PSOE en calle Ferraz, Madrid, destinados a Ábalos (20 000 euros) y Koldo García (12 000 euros).
Estos pagos, justificados por el partido como «liquidación de gastos declarados», presentan «falta de concordancia» con la documentación oficial.
«Resulta especialmente relevante en la medida en que apunta a la existencia de una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado», resaltó la Guardia Civil.
Las comunicaciones intervenidas entre Koldo García, su esposa Patricia Úriz y Celia Rodríguez Alonso —trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE— confirman el flujo. El 18 de septiembre de 2018, Úriz notificó a García: «Ya tengo el sobre de Ferraz» y propuso llevarlo «en el coche a Balbina». El 10 de octubre de 2019, añadió: «Han mandado de Ferraz sobre para ti con una parte y sobre para José».
La UCO estima que las comisiones ilegales podrían ascender a cinco millones de euros, aunque solo ha acreditado 95 000 euros hasta ahora.
Además, según la UCO, Ábalos posee un chalé en Perú gestionado por Jennifer Balta Cueva, con transferencias periódicas de Úriz.
El juez Leopoldo Puente, instructor del caso, citó a Ábalos para «acordar lo procedente» tras indagar en estos «indicios de criminalidad» en su auto del 7 de octubre.
La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, decidirá durante la comparecencia si solicita prisión, basándose en el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
De las mascarillas a las obras públicas
El caso, que estalló en febrero de 2024 con la detención de Koldo García, exasesor de Ábalos, ha mutado de irregularidades en contratos de mascarillas a una red presuntamente estructurada para el amaño de adjudicaciones de obras públicas en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.
Las imputaciones contra Ábalos se centran en su rol central en una organización criminal que operaba desde la cartera que dirigía.
Según la UCO, en esos años, se adjudicaron contratos irregulares a empresas como Acciona y Soluciones de Gestión, a cambio de comisiones canalizadas por Víctor de Aldama, el «nexo corruptor» de la trama.
Grabaciones intervenidas entre abril de 2019 y diciembre de 2023 captan conversaciones entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE— sobre «repartos de dinero» y «cálculos de cantidades adeudadas». En una de ellas, Aldama reclama 50 000 euros por contratos de mascarillas a Ángel Víctor Torres, entonces ministro de Sanidad.
El informe patrimonial expone una «fuente de ingresos paralela» para Ábalos.
Mensajes de octubre y diciembre de 2021 muestran a amigas en apuros económicos. El 15 de octubre de 2021, Gabriela le suplicó: «¿Hola José, a qué hora me has de ingresar eso? Porfi, que estoy de antes ayer sin poder comprarles nada a los niños de comer, si tuviera no te molestaría te lo juro». Ábalos reenvió el mensaje a Koldo: «¿le puedes enviar 100?».
Otra amiga, el 20 de diciembre de 2021, escribió: «Te lo suplico, ayúdame irme de aquí que no puedo hacer nada y me quedaré en la calle […] no tengo ni para darles de comer a mis hijos ni comprarles nada de estas Navidades». Ábalos respondió: «los tienes», y coordinó con Koldo un desembolso de 300 euros.
La UCO interpreta estos como parte de una contabilidad en «A y B» mencionada por Úriz.
Ábalos, por su parte, niega todo. En su cuarta comparecencia ante Puente, el 23 de junio, manifestó una «situación personal muy tensa» y no se reconoció en los audios.
Antes del verano, su defensa ofreció colaboración a Luzón a cambio de rebaja de penas, sin éxito.
Asimismo, el exfuncionario caído en desgracia ha consultado con media docena de letrados, incluyendo la de Koldo, sobre renunciar a su escaño para transferir el caso a la Audiencia Nacional, lo que retrasaría una condena, pero perdería su sueldo de 3050 euros mensuales.
Renuncia del abogado: ¿dilación o pánico?
El 12 de octubre, Ábalos rompió con su letrado Aníbal Álvarez, según fuentes judiciales.
La decisión busca eludir la comparecencia del 15 de octubre: sin defensa, el proceso se paralizaría hasta designar un abogado de oficio.
Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán, también solicitó suspender la declaración, alegando tiempos procesales, pero Puente no ha respondido.
De Ferraz a Soto del Real
El destino de Ábalos podría emular el de Santos Cerdán, encarcelado provisionalmente desde el 30 de junio en Soto del Real.
El juez Puente decretó prisión sin fianza para Cerdán por su «papel preponderante» en la organización criminal, percibiendo «mordidas» a cambio de adjudicaciones.
«Era en la organización criminal la persona encargada de percibir los premios económicos», detalló Puente en su auto de 20 páginas.
Tres meses después, el 16 de septiembre, la Fiscalía se opuso a su excarcelación argumentando riesgo de manipulación de pruebas.
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Un escándalo que no cesa
Este escándalo amenaza la carrera de Ábalos, que podría enfrentar pena de cárcel e inhabilitación si el Supremo cierra la instrucción pronto.
Mientras tanto, la UCO se muestra implacable a la hora de mostrar que no se trata de casos aislados, sino de una aceitada red de corrupción cuyo factor en común es el PSOE, tal como apuntó Pablo Fernández de Podemos, formación que otrora fue uno de los grandes aliados de Ferraz: «Es prácticamente imposible creer que haya un caso Ábalos […] sin que haya un caso PSOE».
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