Aunque la Fiscalía comenzó a investigar en abril de 2022 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. por presuntas irregularidades en contratos COVID, la causa conocida hoy como el caso Koldo no despegó hasta que la sociedad civil puso en evidencia los hechos.
Durante más de un año, la investigación fiscal avanzó con escasa repercusión pública y sin medidas judiciales visibles contra los implicados. Luego de varios meses de «estancamiento» jurídico y sin visibilidad mediática, comenzaron a difundirse audios comprometedores a través de plataformas digitales y medios alternativos, y fue recién allí cuando el caso cobró realmente impulso.
Las denuncias presentadas por sindicatos como Manos Limpias y la actuación de colectivos como Hazte Oír no solo lograron visibilizar la trama, sino que obligaron a las instituciones judiciales y políticas a reaccionar.
Esta presión desde abajo resultó ser el verdadero motor que transformó una investigación estancada en un proceso judicial y mediático de gran escala.
Cronología de una denuncia desde abajo
– 2021: el influencer Alvise Pérez comienza a difundir maniobras sospechosas de corrupción que involucran a Koldo García, exasesor del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y su entorno.
– Abril de 2022: la Fiscalía abre diligencias contra la empresa por contratos sin licitación durante la pandemia.
– Septiembre-octubre de 2024: colectivos civiles como Hazte Oír se personan como acusación popular.
– 25 de noviembre de 2024: Hazte Oír solicita imputaciones del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y de la primera dama, Begoña Gómez, basándose en el testimonio del empresario Víctor de Aldama.
– Febrero de 2024: se ejecuta la «Operación Delorme» y se detiene a 20 personas, incluido Koldo García.
– Octubre de 2024: El Debate publica audios entre presuntos implicados.
Manos Limpias: del archivo judicial a la escena pública
El sindicato Manos Limpias, encabezado por Miguel Bernad, se presentó el 9 de abril de 2024 como denunciante en el caso Begoña Gómez, y luego vinculó esa trama a irregularidades similares en el caso Koldo.
El 10 de diciembre del año pasado, presentó un escrito al Tribunal Supremo solicitando la acumulación de ambas causas y también la de Víctor de Aldama, al considerar que existía una conexidad entre los hechos investigados.
Aunque el Supremo no aceptó la macrocausa, el sindicato ha sido clave en mantener el foco mediático y judicial sobre las conexiones entre actores políticos y empresariales.
«Hemos ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano», ha afirmado Bernad en declaraciones a la prensa al ser consultado sobre las presentaciones del sindicato ante la justicia.
Manos Limpias se ha involucrado también en casos como el de las «black cards», el caso Nóos o el procés al considerar que estos afectan el interés colectivo de la ciudadanía.
Aunque en el caso Koldo, al menos hasta ahora, su rol ha sido más mediático que instructor, ha sido fundamental en mantener viva la atención pública y política.
«Se trata de un delito flagrante con una repercusión nacional e internacional de una extremada magnitud y que afecta al prestigio de España y de los españoles y de sus instituciones», sostuvo el sindicato en una nueva presentación en la Fiscalía el mes pasado ante la filtración de mensajes entre el presidente Pedro Sánchez y su exministro Ábalos.
Telegram, filtraciones y el pulso digital ciudadano
En octubre de 2024, El Debate publicó una serie de audios extraídos de las diligencias judiciales en el marco del caso Koldo, en los que varios interlocutores —presuntamente implicados en la trama— revelaban detalles comprometedores sobre el uso de fondos públicos.
En uno de esos fragmentos, un agente de la Guardia Civil destinado en tareas logísticas afirmaba: «Sí, nos han dado pasta y la hemos utilizado».
Otro de los audios hacía referencia directa al uso del dinero entregado por los presuntos cabecillas de la red: «El dinero que ha pagado tanto Koldo como Gomina […] ha sido para pagar su telefonía».
Ambos audios fueron publicados por el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate. Estas declaraciones, registradas en conversaciones privadas e incorporadas como prueba en la instrucción del caso, resultaron especialmente reveladoras porque sugerían una connivencia entre funcionarios y empresarios en el desvío de recursos públicos para fines personales.
Su difusión pública reforzó las sospechas de corrupción estructural dentro del aparato administrativo y generó una fuerte presión mediática y judicial sobre los implicados.
Por su parte, Alvise Pérez, eurodiputado y líder del movimiento ciudadano Se Acabó la Fiesta, ha sido uno de los principales divulgadores de casos de corrupción en el poder político español durante los últimos años. Su canal de Telegram, con cerca de 700 000 seguidores, se ha convertido en una herramienta clave para la difusión de investigaciones y filtraciones que, en muchos casos, preceden a la cobertura de los grandes medios.
Ya en 2021, Alvise había denunciado —aportando una vasta cantidad de pruebas— a Koldo García y José Luis Ábalos.
A mediados de este mes, Pérez difundió una serie de audios procedentes del informe de la UCO en los que se alude a conversaciones entre Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Aunque algunos fragmentos ya circulaban en medios como RTVE, la publicación de estos audios en su canal aceleró su repercusión pública y generó una nueva ola de atención mediática y política. En uno de los fragmentos, atribuido a Koldo, se escucha: «Yo he recibido 450 000 de la primera tanda y 50 000 de los dos últimos contratos».
«Cuando hay crisis y cambios, suelen surgir personajes pintorescos, pero no quiere decir que por estrafalarios que parezcan no tengan razón… Alvise obviamente no es un ser de luz, pero sí es una industria de pruebas aportadas por sus miles de ardillas que pueblan toda España, y no deja títere con cabeza», comenta al respecto Fernando Pérez del Río, psicólogo, autor y profesor universitario.
En una columna publicada recientemente, Pérez del Río opina: «A nosotros, la sociedad civil, nos cae bien un personaje así… Cuando una sociedad se burocratiza, se atora y pierde la objetividad, se necesita una fuerza contraria muy fuerte y original para contrarrestar tales creencias».
Hazte Oír y la acusación popular
Otro actor clave ha sido Hazte Oír, que en septiembre de 2024 se personó como acusación popular en el caso, solicitando la imputación de Santos Cerdán, Carlos Moreno (jefe de gabinete de María Jesús Montero) y la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
En su querella presentada ante el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional, argumentaron que existía una posible connivencia entre altos cargos del Gobierno y empresarios beneficiarios de contratos irregulares durante la pandemia.
Su estrategia ha sido impulsar la fase instructora mediante la petición formal de comparecencias de altos cargos y aportar documentación fiscal y societaria de los implicados.
«La acusación popular, esa herramienta jurídica de todos los españoles, se ha demostrado esencial», asegura Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír acerca de este mecanismo que permite a miembros de la sociedad civil involucrarse en causas judiciales cuando consideran que en estas está afectado el interés de la nación y de la ciudadanía.
En diálogo con The Epoch Times, Arzuaga distingue la participación judicial de Hazte Oír con respecto a las del PP y Vox. «No es lo mismo una acción popular dirigida por un partido que la que ejerce la sociedad civil». Esta última —añade— tiene la capacidad de elevar el coste político de los delitos y romper con la percepción de que todo responde a intereses partidistas.
Arsuaga también subraya el papel fiscalizador de la ciudadanía frente a la politización del Ministerio Público: «Vimos una necesidad: que la voz de la sociedad civil se pudiera escuchar y que las acusaciones no quedaran solo en manos de partidos políticos […] Nuestra actitud siempre ha sido y es «caiga quien caiga», y lo hemos demostrado».
Escalada procesal y nombres en la mira
– 21–22 de febrero de 2024: detención de 20 personas; la UCO detecta patrimonio injustificado de Koldo García.
– 5 de junio de 2025: se confirman transferencias sospechosas a Santos Cerdán por más de 620 000 euros.
– 20 de junio de 2025: el Supremo imputa a Santos Cerdán.
– 20 de junio de 2025: el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo solicita las imputaciones de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero.
– 23 de junio de 2025: José Luis Ábalos se presenta a declarar ante el Tribunal Supremo.
La calle pone en jaque al sistema
Lo inédito es que, más allá del rol de la Guardia Civil, la investigación en el caso Koldo no fue originada ni impulsada por instituciones del Estado, sino por la acción sostenida de actores no convencionales: sindicatos, periodistas, activistas digitales.
Las últimas publicaciones del canal de Telegram de Alvise Pérez tienen un piso de 150 000 visualizaciones con picos de 350 000 visualizaciones (por publicación). Estas visualizaciones equivalen a un alcance diario total potencial cercano a las 5 000 000 de impresiones, considerando cómo se replican sus mensajes en foros, grupos y redes sociales satélite.
Esta capacidad de difusión demuestra que Alvise, particularmente, se ha convertido en uno de los actores más influyentes para visibilizar el caso Koldo —entre otras denuncias por corrupción—, mucho antes de que medios tradicionales se hiciesen eco de los audios, amplificando notablemente la presión mediática y social sobre las instituciones.
El ahora eurodiputado comentó en una publicación reciente que «el tiempo le ha dado toda la razón… tras casi 5 años denunciando a Koldo, Ábalos, su hijo Víctor y cinco miembros de la trama, y ser judicialmente acosado».
Tras el involucramiento de sindicatos como Manos Limpias o de ONG como Hazte Oír, el efecto amplificador en los últimos meses ha sido significativo. De hecho, ya son nueve las organizaciones que participan en el caso mediante acusaciones populares —además de las mencionadas figuran Liberum, el PP y VOX, entre otras—.
Asimismo, desde la difusión de los audios clave, las menciones y reacciones al caso Koldo en redes sociales experimentaron un exponencial aumento. Plataformas como X se llenan de comentarios, indignación e incluso memes todos los días.
Esta presión ciudadana está logrando poner «contra las cuerdas» a los funcionarios acusados de corrupción en una megacausa que está haciendo «tambalear» al gobierno liderado por el PSOE. Al mismo tiempo, esta difusión «horizontal» ha forzado a medios generalistas a redirigir su atención: El País, La Sexta y RTVE empezaron a cubrir el tema con mayor intensidad en los últimos meses.
De esta forma, el caso Koldo parece estar marcando un punto de inflexión. Las denuncias, filtraciones, querellas de acusación popular y difusión mediática han forzado un proceso judicial que amenaza el núcleo de la clase política de España.
«La implicación de la sociedad civil eleva el coste político de este tipo de delitos, y de los intentos de los responsables políticos de «hacerse los suecos» y mirar para otro lado», concluye Arsuaga.
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