El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado una de las mayores ofensivas judiciales jamás emprendidas contra una organización criminal extranjera que opera en territorio estadounidense. La desclasificación de múltiples acusaciones federales contra más de 70 individuos —incluidos líderes y miembros del Tren de Aragua (TdA), organización designada como terrorista— confirma que esta estructura criminal no es una pandilla marginal, sino una red transnacional con capacidad para operar como un cartel híbrido de terrorismo, narcotráfico y crimen financiero.
Desde el 20 de enero de 2025, más de 260 integrantes del Tren de Aragua han sido formalmente imputados en cortes federales, en lo que funcionarios del gobierno describen como una estrategia deliberada de «decapitación» del liderazgo y desmantelamiento de las redes financieras, operativas y violentas del grupo. Las acusaciones abarcan homicidio, secuestro, extorsión, robo armado, lavado de dinero, tráfico de drogas y delitos informáticos de alto impacto.
La fiscal general Pamela Bondi fue contundente al presentar el caso: la erradicación de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales se ha convertido en un eje central de la política de seguridad del gobierno estadounidense. El mensaje es inequívoco: no habrá refugio seguro dentro de Estados Unidos para quienes crucen fronteras con la intención de cometer crímenes violentos.
Más allá del discurso político, los expedientes judiciales muestran una amenaza concreta y estructurada. El Tren de Aragua ha logrado insertarse en comunidades estadounidenses replicando modelos de control territorial, violencia selectiva y economías criminales diversificadas, desde el tráfico de cocaína hasta sofisticados ataques cibernéticos contra el sistema financiero.
Un frente judicial que abarca todo el país
Las acusaciones se extienden a cinco distritos federales clave, reflejando la amplitud geográfica y operativa de la organización. En Colorado, dos presuntos líderes del TdA enfrentan cargos por conspiración RICO, vinculados a una cadena de robos armados, secuestros y lavado de dinero, incluyendo asaltos a joyerías en el área de Denver ejecutados con armas de fuego.
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En Nebraska, el caso revela una faceta particularmente inquietante: 54 personas fueron acusadas por una conspiración de «jackpotting», mediante la cual se utilizó malware para vaciar cajeros automáticos y robar millones de dólares. Algunas de las imputaciones incluyen cargos por proveer apoyo material a una organización terrorista, un umbral legal que coloca al Tren de Aragua en la misma categoría operativa que redes yihadistas y carteles designados.
Nuevo México aporta uno de los episodios más brutales: once miembros y líderes del TdA fueron acusados de secuestrar, torturar y asesinar a una víctima cuyo cuerpo fue enterrado en el desierto. Parte de este grupo también participó en un enfrentamiento armado entre facciones rivales que dejó muertos en Colorado, evidenciando la violencia interna y la expansión territorial del grupo.
El cerebro global del Tren de Aragua
El expediente más simbólico se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York, donde fue revelada la acusación contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», identificado como el líder máximo del Tren de Aragua durante más de una década. Según la acusación, Guerrero Flores dirigió la expansión del grupo a lo largo de América y Europa, ordenando asesinatos, secuestros y extorsiones desde Venezuela y otros países, además de facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
El hecho de que continúe prófugo subraya los límites de la cooperación internacional frente a estructuras criminales protegidas por Estados fallidos o regímenes permisivos. El Departamento de Estado ha ofrecido hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura, una señal de que Washington considera a Guerrero Flores una amenaza directa a la seguridad nacional.
En Texas, cuatro ciudadanos venezolanos —descritos como parte del círculo más alto del TdA— enfrentan cargos por apoyo material al terrorismo y tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Los documentos judiciales detallan una red que combina narcotráfico, contrabando de oro, extorsión y asesinatos, operando con una lógica cuasi-militar.
Un cartel-terrorista con alianzas regionales
Las declaraciones de la DEA refuerzan una conclusión inquietante: el Tren de Aragua no opera en aislamiento. Mantiene alianzas con organizaciones como las FARC, el ELN y el Cartel de los Soles, integrándose a un ecosistema criminal donde confluyen insurgencia, narcotráfico y corrupción estatal. Este entramado convierte al TdA en una amenaza híbrida, capaz de explotar fronteras, flujos migratorios y vacíos institucionales.
La expansión del Tren de Aragua desde una prisión venezolana en los años 2000 hasta su presencia en ciudades estadounidenses revela una falla estructural regional. No se trata solo de crimen importado, sino del colapso de sistemas penitenciarios, judiciales y de seguridad en países de origen que exportan violencia.
Joint Task Force Vulcan: de MS-13 al Tren de Aragua
Estas acciones forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, creada originalmente para combatir a MS-13 y ahora ampliada para enfrentar al Tren de Aragua. La participación coordinada de fiscalías federales, agencias de inteligencia, fuerzas antidrogas y el sistema penitenciario evidencia que Estados Unidos ha elevado el combate al TdA al nivel de prioridad estratégica.
El mensaje final de las autoridades es tan directo como intimidante: el Tren de Aragua ha pasado de operar en las sombras a convertirse en un objetivo central del aparato de seguridad estadounidense. La pregunta que queda abierta no es si la ofensiva continuará, sino hasta qué punto esta red criminal podrá sobrevivir sin su liderazgo, sin su financiamiento y bajo una presión judicial sostenida que ya no distingue entre pandillas, carteles o terroristas.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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