El pasado domingo, la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid se convirtió en un escenario de disturbios que dejó 22 policías heridos.
Lo que debía ser una celebración deportiva internacional terminó en un enfrentamiento entre agentes y manifestantes, con acusaciones de infiltración de condenados por kale borroka y vinculados al yihadismo. Sin embargo, el Gobierno ha desmentido estas afirmaciones, lo que ha avivado aún más la indignación de los cuerpos de seguridad.
Sindicatos como JUPOL y SUP, junto con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han elevado el tono de sus críticas, exigiendo dimisiones, anunciando acciones legales y —según relevaron fuentes policiales a The Epoch Times España— planeando convocar a movilizaciones en las calles.
Una respuesta policial unificada
La furia policial tras los incidentes del domingo no se ha hecho esperar. Entre los polícias se comparte el mismo diagnóstico: las órdenes recibidas fueron más políticas que operativas, dejando a los agentes en una posición vulnerable.
«Hubo un clima de blanqueamiento y aliento institucional hacia las protestas, alentado incluso por representantes públicos, incluido el presidente del Gobierno, que instaron al boicot de un evento deportivo internacional», afirma desde JUPOL, su portavoz Ibón Domínguez, en un diálogo con The Epoch Times España.
Por su parte, Nadia Pajarón, portavoz del SUP, coincide en una entrevista con este medio en que «las órdenes fueron políticas, se limitó la actuación de la UIP y se permitió que elementos radicales aprovechasen la situación para desbordar un dispositivo que tenía capacidad más que suficiente para contenerlos».
Mientras el dispositivo urbano fue liderado por la Policía Nacional, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil fue la encargada de brindar seguridad en los circuitos de la Vuelta.
Carlos Javier Cantero López, representante de la coordinadora de AUGC Tráfico, expresa en una entrevista con The Epoch Times España su preocupación por «la postura del Gobierno y sobre todo la del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, e incluso la del propio ministro del Interior, que además ha arropado y alentado este tipo de actuaciones».
Cantero López destaca que «se podía haber evitado este tipo de situaciones si se hubiera trabajado de otra manera, con una manera preventiva y, sobre todo, con una manera más contundente».
Identificación de violentos y falta de órdenes
Un punto clave en la indignación policial es la afirmación de que los agentes tenían identificados a los elementos violentos pero no recibieron instrucciones para actuar.
Una fuente policial en diálogo con este medio confirmó que «la Policía tenía identificados a estos individuos y colectivos radicales y sin embargo no recibieron órdenes de actuar contra ellos».
«Los agentes de la UIP son una unidad de élite a nivel mundial en control de masas (…) conocen perfectamente cuáles son los grupos radicales, sus integrantes y demás», describió.
De hecho, en imágenes difundidas por la prensa se vieron banderas de Antifa, un grupo extremista que, según adelantó el presidente Donald Trump el miércoles, será catalogado como «organización terrorista mayor» por Estados Unidos.
Esta falta de directrices ha sido calificada como un «desastre operativo» por los sindicatos, quienes aseguran que protocolos habituales, como el embolsamiento y expulsión de radicales, no se aplicaron.
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La comparación con otros eventos, como el dispositivo del partido de Champions League entre Real Madrid y Olympique de Marsella que tuvo lugar también en Madrid 48 horas después, resalta esta contradicción, donde sí se aplicaron medidas preventivas con éxito.
«Se podía haber evitado este tipo de situaciones si se hubiera trabajado de otra manera», sostiene el agente de la Guardia CIvil, Cantero López.
Dimisiones, acciones legales y movilizaciones
Ante lo acontecido, la respuesta policial se cristaliza en tres demandas claras.
Primero, los sindicatos exigen responsabilidades políticas. El SUP pide la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en tanto que JUPOL ha ido un paso más allá y también ha pedido la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Domínguez, de JUPOL, justifica esta exigencia al señalar que «el presidente del Gobierno y el ministro del Interior deberían haber actuado con responsabilidad institucional, condenando con claridad los intentos de boicot».
«Políticamente deben asumir responsabilidades, y si no lo hacen por voluntad propia, se las pediremos en sede judicial y en el Parlamento, porque el deterioro de la UIP y lo ocurrido en la Vuelta no puede quedar impune», agrega Pajarón.
En efecto, desde los sectores policiales se avecinan acciones legales.
El gabinete jurídico del SUP está analizando demandas, argumentando que el artículo 558 del Código Penal «castiga con prisión a quienes perturban gravemente espectáculos públicos». «Lo del domingo fue exactamente eso», apuntan desde el sindicato.
«Aquí hubo violencia, hubo daños materiales, hubo 22 policías heridos y hasta se puso en peligro a niños que estaban disfrutando de una etapa deportiva», describen.
«Todo ocurrió bajo órdenes políticas equivocadas que ataron de pies y manos a los compañeros de la UIP de la Policía Nacional. Por eso vamos a ir hacia adelante con todas las acciones judiciales necesarias, contra quienes resulten responsables, porque lo que pasó no puede repetirse jamás», concluye Pajarón.
Fuentes de JUPOL, por su parte, confirmaron a este medio que están estudiando impulsar acciones judiciales contra Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Francisco Martín.
Paralelamente, el sindicato Manos Limpias presentó el testimonio de un agente herido que acusa al delegado del Gobierno de negligencia, abriendo un nuevo frente legal.
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En tercer término, y como han adelantado fuentes policiales en exclusiva a The Epoch Times España, tanto el SUP como JUPOL están definiendo en estas horas si convocan a movilizaciones en las calles.
«Estamos contemplando todas las opciones posibles, no sólo las jurídicas, también realizar concentraciones y manifestaciones», apuntan desde la cúpula del SUP a este medio.
Lo mismo han adelantado desde JUPOL reconociendo que están «estudiando la posibilidad de realizar algún tipo de protesta en las calles».
Aunque estas decisiones aún no están confirmadas y se están definiendo en estas horas, el anuncio marca un giro significativo en la estrategia de los sindicatos, que buscan visibilizar su descontento en la esfera pública.
Un precedente inquietante
El trasfondo político está siendo un factor agravante que promete escalar el conflicto entre las fuerzas policiales y el Gobierno hasta lugares insospechados.
La indignación en el cuerpo policial es unánime. Sobre todo, porque entienden que el Ejecutivo ha «minimizado el problema públicamente». «Llegaron incluso a calificar los incidentes como «pacíficos»», apunta Domínguez de JUPOL.
«Estos incidentes han tenido un fuerte impacto en la moral de la Policía Nacional. Ver cómo 22 compañeros resultan heridos mientras se minimiza, incluso se niega públicamente lo ocurrido, genera indignación, frustración y sensación de abandono», apunta el líder sindical.
«Lo que ha ocurrido es muy grave», sintetiza con sinceridad un alto cargo policial que participa en las conversaciones sindicales sobre los próximos pasos a seguir mientras se ofrecen apoyos jurídicos a los 22 policías heridos.
A medida que avanzan las horas, la tensión entre los cuerpos de seguridad y el Gobierno crece. Las movilizaciones, si se confirman, podrían marcar un punto de inflexión en las relaciones institucionales, mientras las demandas legales y las peticiones de dimisión mantienen el foco en la responsabilidad política.
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