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El verano de 2025 pasará a la historia como uno de los peores en cuanto a los incendios sufridos en España, lo que ha desatado una tormenta de debates y discusiones sobre las que vamos a intentar aclarar algunos conceptos.
No se trata de un hecho sin precedentes, pues durante los veranos de 1984 y 1995 la superficie quemada fue similar o incluso superior, pero ha supuesto un enorme aumento respecto a la afectada durante los veranos anteriores, lo que ha causado una justificada alarma social.
El clima mediterráneo, que con matices es el que tenemos en buena parte de España (con excepción de Galicia, el Cantábrico y los Pirineos) se caracteriza por tener veranos cálidos y sobre todo secos, con escasas precipitaciones, lo que genera aridez, es decir, situación en la que las plantas disponen de escasa humedad en el suelo, menor de los requerimientos de la evapotranspiración consecuencia de las altas temperaturas. Esta situación de aridez es absolutamente consustancial al clima mediterráneo, aunque varía su intensidad y su duración según las zonas y los años. Esta aridez va siendo más intensa a medida que avanza el verano al ir disminuyendo progresivamente la humedad del suelo, alcanzando su máximo normalmente en agosto. De hecho, el rico léxico castellano dispone del término “agostarse” que significa que los pastos, la hierba y el suelo en general se secan en este mes, tomando un color amarillento generalizado. Por lo tanto, este comportamiento no tiene nada que ver con un hipotético cambio climático, sino con una característica consustancial al clima mediterráneo perfectamente conocida y definida. Podemos deducir, por lo tanto, que en este periodo el riesgo de incendio es máximo, aunque lógicamente con cierta variabilidad entre un año y otro.
Es fácil escuchar o leer en los medios de comunicación a principio de verano que si la primavera ha sido seca el riesgo de incendio va a ser máximo durante el verano porque el suelo está muy seco, pero también si es lluviosa escuchamos que el riesgo es máximo porque la hierba está muy crecida, y cuando se seque (algo que seguro va a ocurrir debido a la mencionada aridez) va a haber mucho combustible, es decir: el tiempo siempre tiene la culpa, pero es necesario analizar la situación con más profundidad.
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La primavera de 2025 ha sido de forma general bastante lluviosa, el mes de julio no excesivamente cálido y todo indicaba que iba a ser un año sin mucha superficie quemada. Sin embargo, cuando llegan los calores de agosto, el único periodo verdaderamente cálido, y se dan las circunstancias más favorables para los incendios, estos surgen de forma simultánea, masiva y con frecuencia en varios puntos, lo que desborda las capacidades de los sistemas de extinción.
Una particularidad de lo ocurrido el pasado verano es que los ciudadanos hemos tenido que soportar la turra de que los incendios son debidos al cambio climático, repetida en casi todos los medios de comunicación machaconamente, pero semejante simpleza responde más a la transmisión de la versión oficial del globalismo que a un análisis profundo de la situación, pues la realidad es mucho más compleja.
Los datos demuestran que la mayoría de los incendios han sido provocados bien por negligencias o, en un elevado porcentaje de forma intencionada, es decir: hay intereses en provocar incendios, y esa es la clave, el nudo gordiano de la situación que hay que atacar.
El contexto en el que se producen los incendios es el de un medio rural en general poco poblado, envejecido y por lo tanto con poco peso electoral, con crisis de las actividades tradicionales (agricultura y ganadería) que se ven muy dificultadas por las políticas procedentes de Bruselas y aplicadas con rectitud por España. También las leyes ambientales dificultan las extracciones de materia muerta (ramas, piñas, hierba seca, etc.), por lo que esta biomasa se acumula, convirtiéndose en abundante combustible que facilita los incendios de gran intensidad y rápida propagación y, por lo tanto, difícil extinción. Cualquier persona que hable con los habitantes del medio rural de cualquier pueblo de España escucha la misma frase: «no nos dejan limpiar el monte».
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Los intereses (recalco el plural) son varios y podemos destacar los siguientes:
La ganadería extensiva tradicionalmente ha quemado el monte para generar ceniza y facilitar el crecimiento de nuevos pastos aprovechables por los animales. De esta práctica realizada durante milenios se derivan topónimos tan abundantes en nuestro país como rozas o artigas pues el artigueo consiste en la mencionada práctica. Es necesaria para mantener dicha ganadería, clave para la población de muchas zonas rurales, por lo que en mi opinión hay que mantenerla, pero practicarla con las máximas medidas de seguridad para que se limite a zonas concretas y no se descontrole.
Se ha hecho mucho hincapié en la importancia de los medios de extinción (técnicos y humanos), pero no es suficiente. Tener a población en el territorio con capacidad para ayudar es fundamental, pues son los más interesados en proteger su patrimonio natural y también sus pueblos. Los casos de habitantes que se han negado a abandonar sus viviendas ante la orden de evacuación al no fiarse de las capacidades de extinción, y han preferido quedarse a colaborar, lo demuestran. Ha habido casos de personal contratado para extinguir incendios que los han provocado para asegurar o prolongar su contratación, por lo que convertir la extinción, y la posible repoblación posterior, en un negocio puede ser muy contraproducente.
Este énfasis en la extinción contrasta con la poca importancia que se ha dado a la prevención, algo clave si queremos conservar y aumentar nuestro patrimonio forestal que tantos beneficios ambientales y sociales aporta. Esta prevención se materializa fundamentalmente en la gestión forestal permanente, realizando y manteniendo perímetros de protección, cortafuegos, facilitando especies menos favorables al fuego y de mejor regeneración, etc.
La utilización de los territorios quemados es sin duda uno de los intereses clave. Actualmente la declaración de proyectos de interés general deja abierta la puerta a la instalación de numerosas infraestructuras en zonas quemadas, tales como estaciones fotovoltaicas, aerogeneradores o extracciones de minerales estratégicos. Las políticas energéticas aplicadas por España facilitan claramente estas instalaciones para la generación de electricidad o para la obtención de minerales necesarios en las baterías de acumulación, por lo que dichos proyectos fácilmente pueden obtener la calificación de interés general.
Un país desarrollado que presume de desarrollo sostenible y de políticas «verdes» no puede permitirse dejar calcinar casi medio millón de hectáreas en un verano. Tampoco puede eludir responsabilidades achacando el problema a un supuesto cambio climático que diluye las responsabilidades ni creando más estructuras administrativas cuando la complejidad de la Administración ha sido una de las dificultades para la extinción por el reparto de competencias entre Gobierno central, comunidades autónomas y diputaciones provinciales.
Si de verdad queremos disminuir la superficie quemada hay que gestionar nuestros montes implicando activamente a la población rural y especialmente hay que conseguir que a nadie le interese quemarlo, salvo casos concretos y controlados. Lo demás es palabrería.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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