La Guardia Civil: el cuerpo más valorado por los ciudadanos y más temido por el poder

Entrevista: 

Durante la inauguración del Teatro Real de Madrid el 19 de noviembre de 1850 —a la que asistía la reina Isabel II— un cabo de la recién creada Guardia Civil impidió el paso de un carruaje por una calle restringida, cumpliendo órdenes precisas para garantizar la seguridad de la monarca. El carruaje transportaba al presidente del Gobierno, general Narváez, quien, al verse obligado a retroceder, montó en cólera. Al día siguiente, Narváez citó al Duque de Ahumada —fundador y máximo responsable del cuerpo— y le exigió castigar severamente al cabo.

El Duque de Ahumada, tras informarse sobre lo ocurrido, se negó, argumentando que el cabo solo cumplía con su deber. Narváez propuso como castigo menor un traslado. Al día siguiente Ahumada se presentó ante Narváez con dos escritos: uno era su dimisión, el otro era el traslado del cabo firmado por el que le sustituiría. Finalmente, Narváez no aceptó la dimisión y el cabo no fue sancionado.

Han pasado 175 años y parece que las fricciones entre el poder y el cuerpo no han disminuido. En los últimos años hemos visto cómo la Guardia Civil ha ido perdiendo gradualmente competencias y como algunas de sus unidades especiales más eficaces, como OCON-SUR, han sido desmanteladas. Además, muchas de sus reivindicaciones históricas, como la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad autonómicos o el reconocimiento como profesión de alto riesgo, no solo no han recibido respuesta, sino que el ministerio se niega a reunirse con los representantes del cuerpo para negociarlas. Además, una de sus unidades de élite más eficaces, que es la Unidad Central Operativa (UCO), está en el ojo del huracán por la publicación de unos audios donde personas supuestamente vinculadas al gobierno planeaban una estrategia de desprestigio de la unidad y de su director, el teniente coronel Balas.

Para hablarnos de todos estos temas, hemos entrevistado a Eugenio Nemiña Suárez, secretario jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que es la más representativa del cuerpo de la Guardia Civil.

Epoch Times: Bienvenido Sr. Nemiña. La Guardia Civil es un cuerpo con 175 años de historia. Todos la conocemos, pero quizás no conocemos en profundidad todas las áreas que abarca ni los servicios que presta a la ciudadanía. ¿Podría describirnos brevemente qué es la Guardia Civil y a qué se dedica?

Sr. Nemiña: Bien, la Guardia Civil es un cuerpo policial, pero de naturaleza militar, que ejerce sus funciones principalmente en las zonas rurales. En España, está configurada la Policía Nacional como otro cuerpo policial del Estado, que se encarga de las ciudades de gran tamaño, mientras que nosotros estamos más presentes en zonas rurales.

Para ello, contamos no solo con la especialidad que todo el mundo conoce, que es Seguridad Ciudadana —el guardia civil o la patrulla que acude cuando hay un problema, como un robo—, sino también con diversas especialidades de todo tipo. Tenemos personal en montaña para rescates, personal en el Servicio Marítimo para vigilar el mar y los puertos, y la especialidad de Fiscal, que se dedica al control del contrabando.

Además, contamos con otras especialidades más conocidas, como Tráfico, que se ve todos los días en las carreteras. Todo esto nos otorga prestigio, porque nuestra labor llega a todos los ciudadanos y a todos los rincones del país. Por eso no es raro que, año tras año, la Guardia Civil sea la institución más valorada dentro de España.

Epoch Times: En febrero de 2024 el país quedó conmocionado por el fallecimiento en acto de servicio de dos guardias civiles en Barbate, tras ser embestida su embarcación por una narcolancha. ¿Se podrían haber evitado esas muertes?

Sr. Nemiña: Sí, totalmente. Además, es una guerra que llevamos desde hace años, desde AUGC, en relación con la prevención de riesgos laborales. La Guardia Civil siempre se ha negado a respetar dicha normativa, alegando que lo primero es el servicio que desempeñamos. Ha tenido que ser Europa la que se lo ha recordado en varias ocasiones, tras denuncias que hemos presentado nosotros [AUGC].

Sin embargo, aún siguen existiendo mandos, e incluso en este caso algunos jueces, que entienden que la normativa de riesgos laborales no es de aplicación en la Guardia Civil. En el caso que me comentas, desde luego que se podría haber evitado. No se puede meter en el agua una embarcación como en la que iban los compañeros para enfrentarse a embarcaciones mucho más pesadas, mucho más grandes y mucho más rápidas. Eso no se puede hacer, y no tenía sentido.

Igual que a nosotros se nos exige muchas veces que, cuando actuamos, lo hagamos con proporcionalidad —no podemos disparar a una persona porque sí, aunque intente agredirnos; nuestra actuación tiene que ser proporcional—, también en este caso debía haber proporcionalidad. No existía riesgo para ninguna persona. Los autores se podían identificar perfectamente sin entrar en el agua, como así fue: se les detuvo igualmente. Por tanto, no tenía sentido poner en riesgo a nadie, como se hizo, cuando no es la primera vez que esta gente embiste, no solo en el mar a nuestras lanchas, sino también en tierra a nuestros vehículos. En consecuencia, se podía haber evitado perfectamente.

Epoch Times: Dos años antes, en septiembre de 2022, el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, más conocido como OCON-SUR, fue disuelto por decisión del Ministerio del Interior. ¿Nos puede hablar un poco de OCON-SUR y cómo ha afectado su desaparición a la lucha contra el narcotráfico?

Sr. Nemiña: La verdad es que fue una unidad que se creó en su momento y que resultó muy eficaz, como así lo demostraban los datos estadísticos. Era personal muy implicado, que trabajaba y trabajó muchísimas horas, y lo daba todo por acabar —o al menos por lograr detener— a los autores de este tipo de narcotráfico.

De un día para otro, se desmanteló. Nunca se nos han aclarado los motivos exactos. Además, nosotros tenemos el problema de que no somos un sindicato, sino una asociación profesional, y no tenemos los mismos derechos que los sindicatos. Si ellos ya tienen ciertas competencias reducidas, nosotros aún más. Entonces, cuando preguntas por este tipo de asuntos, te responden que es un tema del servicio y que las asociaciones no pueden participar en estos temas.

Pero así, de golpe y porrazo, de un día para otro, se desmanteló. Cada persona volvió a su unidad. Es cierto que en algunas zonas se aumentó algo la plantilla, pero no tiene nada que ver con lo que había en ese momento: con gente que llevaba tiempo trabajando, que tenía experiencia y conocía la zona. Esa experiencia se ha perdido para siempre. Y la verdad es que es una pena, porque los resultados estaban ahí; solo hacía falta verlos.

Epoch Times: ¿Y cómo han evolucionado esos resultados después de la desaparición de OCON-SUR? ¿Qué ha ocurrido?

Sr. Nemiña: Pues el ejemplo más claro lo tenemos con el caso de Barbate. Cuando estaba OCON-SUR, no había acumulación de embarcaciones dedicadas al contrabando ni de lanchas con gasóleo destinadas a abastecer a las embarcaciones que transportan droga. Eso es evidente. Cuando estaba OCON-SUR, eso no ocurría con el descaro con el que está ocurriendo hoy en día.

De hecho, precisamente uno de los problemas que surgió en el caso de Barbate fue ese. El ministro había declarado que todo estaba bien, que todo funcionaba de maravilla, y a las pocas horas el puerto de Barbate estaba lleno de esas embarcaciones, burlándose de todo el mundo. Eso fue lo que desencadenó llamadas telefónicas para intentar retirar de allí a esas personas, y desembocó en el trágico resultado.

Epoch Times: Me está diciendo que se ordenó a los guardias civiles que se metieran en el agua con esa minilancha, sabiendo que no era posible que una embarcación de esas características pudiera detener a una narcolancha de gran potencia…

Sr. Nemiña: Efectivamente, hay grabaciones de la conversación que se mantiene con el jefe de la comandancia, donde el sargento de servicio marítimo le advierte que les van a pasar por encima, que es una locura. Sin embargo, el jefe de la comandancia les ordena entrar en el agua porque lo que había que hacer era intentar asustarlos para que se marcharan y evitar así la imagen que se estaba dando en ese momento.

Todo el mundo estaba viendo, como había dicho el ministro, que no todo estaba arreglado, y allí estaban riéndose delante de él en el puerto, haciendo maniobras con las embarcaciones. Eso es lo que originó que el coronel, para quitarlos de allí, les dijera que se metieran en el agua, pensando que no iba a ocurrir nada, que simplemente se asustarían y se marcharían. Pero, como ya se le advirtió antes de entrar al agua, ocurrió la desgracia.

Epoch Times: ¿Podría entenderse, por lo que me está contando, que los narcotraficantes hacen gala de una sensación de impunidad y que, tras la disolución de OCON-SUR, se han envalentonado?

Sr. Nemiña: Desde nuestro punto de vista, desde luego que sí. Se están viendo a diario embarcaciones con material a la vista, con garrafas para surtir a estas embarcaciones. Aparecen con frecuencia en vídeos y fotos, adentrándose en el río con total impunidad.

Nosotros tenemos dos opciones: provocar accidentes para detenerlos, o permitir que se marchen debido a la velocidad de sus embarcaciones. La velocidad que alcanzan es muy difícil de seguir sin poner en riesgo nuestra salud y la de los demás tripulantes. Por tanto, hay que medir mucho la actuación al intentar frenarlos, y ellos muchas veces juegan con esta circunstancia.

Epoch Times: Entiendo, por lo que me está diciendo, que la Guardia Civil no cuenta actualmente con los recursos, ni materiales ni personales, para hacer frente a este problema del narcotráfico. 

Sr. Nemiña: Llevamos tiempo pidiendo un incremento de personal y de medios. Sí es cierto que se han licitado nuevas embarcaciones y que, poco a poco, se está ampliando el número de embarcaciones dedicadas a la lucha contra el narcotráfico en esa zona, pero, desde luego, todavía falta mucho material y mucho personal. Esperamos que se nos vaya entregando lo necesario para combatir esta lacra.

Epoch Times: ¿Qué otras unidades operativas han sido disueltas recientemente y qué impacto han tenido esas disoluciones en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía?

Sr. Nemiña: No se han producido disoluciones concretas de unidades tipo OCON-SUR recientemente. Sí se ha producido una reducción en los servicios que prestamos debido a la falta de personal. Hay que tener en cuenta que desde 2009, la Guardia Civil cuenta con casi 6.000 personas menos en activo. Hay comandancias que carecen de ese personal, y muchas, por ejemplo en Galicia, no alcanzan las 5.000 personas para toda la comunidad.

Esa falta de personal repercute directamente en el servicio. Además, nos enfrentamos a nuevos retos que no existían en 2009 con la intensidad actual, como los delitos telemáticos o la vigilancia de [infraestructuras críticas como] las centrales nucleares, tareas que antes no existían y que restan recursos para la atención al ciudadano.

Por tanto, el problema no se centra en una unidad concreta, aunque sí hay casos puntuales. Por ejemplo, hace aproximadamente medio año surgió la noticia sobre el intento de desmantelamiento del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Tenerife, que finalmente, tras la presión mediática, parece que se mantendrá.

Todo esto está motivado principalmente por la gran falta de personal, que afecta a casi 6000 efectivos. Cabe recordar que en 2009 España incumplía la normativa europea sobre jornadas y descansos mínimos, lo que también ha condicionado la situación actual.

Tenemos que recorrer grandes distancias para llegar a los lugares. Pueden llamarnos por un intento de robo y, cuando llegamos, ya ha pasado una hora. Si tenemos la suerte de estar cerca, llegamos en cinco minutos, pero si el incidente ocurre en la otra esquina, podemos tardar una hora o incluso más. Además, puede darse el caso de que conozcamos esa zona porque pertenece a otra unidad que ese día no presta servicio por falta de personal suficiente.

Esta situación repercute directamente en la atención al ciudadano y no se debe a que se cierre una unidad concreta, sino que es un problema general derivado de la falta de efectivos que arrastramos desde hace tiempo.

Epoch Times: Ustedes denuncian una progresiva pérdida de competencias en aeropuertos, tráfico y otras áreas, en favor de policías autonómicas, como ocurre en Cataluña, País Vasco y Navarra. Nuevamente, ¿cómo afecta esta pérdida de competencias a la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos? ¿Consideran que las policías autonómicas están realmente preparadas para sustituirles?

Sr. Nemiña: El problema es que se quiere hacer todo muy rápido para contentar a los partidos políticos que lo demandan, cuando muchas veces lo que falta es un periodo amplio para ir adaptándose y para que el personal que debe asumir esas competencias pueda hacerlo en condiciones.

Lo que estamos viendo es un desmantelamiento progresivo, que va ocurriendo poco a poco, porque si se hiciera todo junto llamaría demasiado la atención. Primero se quita una competencia, luego otra, sin que exista una justificación clara que beneficie a la ciudadanía. La ciudadanía ya está protegida por nuestro personal y, en vez de dotarnos de más medios y efectivos, lo que se hace es fragmentar aún más las competencias, generando sobre todo incertidumbre para el ciudadano.

Cuantas más policías haya y más competencias se repartan, más confuso resulta para la ciudadanía saber a quién dirigirse. Incluso nosotros, en ocasiones, tenemos problemas internos para determinar quién es el competente en una materia, porque puede coincidir Policía Nacional, Guardia Civil, policía local y Mossos d’Esquadra en un mismo territorio. Esto genera discusiones internas sobre quién debe hacerse cargo de cada actuación. Imagínese entonces un ciudadano que no sabe a quién acudir ni quién le puede ayudar. Sí, todos somos policías, pero puede que vayan a mí, y yo no pueda actuar, lo que hace perder un tiempo valioso que puede ser necesario.

Nos ha ocurrido en algunas actuaciones que, han llamado al 112 para que envíen ayuda porque están intentando entrar a robar en una vivienda, no hay policía autonómica disponible en ese momento y el cuartel de la Guardia Civil puede estar a solo 3 kilómetros, pero a nosotros nadie nos avisa porque no es competencia nuestra. Esto, al final, perjudica al ciudadano.

Cuanto mayor es el reparto de competencias, más cuerpos policiales existen y menos claras son las responsabilidades —como ocurre actualmente—, el perjudicado real es el ciudadano.

A nivel interno, esto genera preocupación entre los compañeros y sus familias, una incertidumbre sobre si seguirán en su puesto o serán destinados a otro lugar porque allí ya sobran efectivos. Esto causa malestar entre los agentes, pues no saben a qué atenerse.

Epoch Times: La UCO está actualmente involucrada en varias investigaciones de alto perfil, entre ellas algunas del entorno cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su esposa y su hermano: ¿sienten ustedes presión desde el Gobierno o perciben medidas o circunstancias que obstaculizan su trabajo?

Sr. Nemiña: La verdad es que nos preocupa mucho. Ya hace años, cuando Arsenio [Fernández Mesa], que era del PP, estaba de director general, AUGC destapó una orden impartida en la Guardia Civil según la cual este tipo de unidades especializadas, como la UCO, debían informar la semana anterior —todos los viernes— sobre las operaciones previstas para la semana siguiente, en cuanto a actuaciones contra políticos o personas conocidas y de relevancia. Se tenía que informar, por ejemplo, sobre entradas y registros, operaciones de desmantelamiento o detenciones.

Nos parecía muy preocupante porque eso podía dar lugar a filtraciones y facilitar información a las personas investigadas. Entendíamos que esos datos solo debían manejarlo la unidad que llevaba a cabo la investigación y el juzgado, que era el encargado de emitir los mandamientos para realizar las acciones necesarias, ya fueran registros o detenciones.

En estas últimas semanas hemos observado un empeoramiento de la situación. Se ha empezado con una persona que se reunía para buscar supuestos trapos sucios del máximo responsable de la UCO. Hay que aclarar que cuando la UCO investiga, no se inventa hechos. La UCO parte de información y datos que traslada al juzgado; no juzga ni condena a nadie. Por ejemplo, si existe una grabación telefónica, la UCO la remite al juzgado indicando lo que se habla en ella. Si hay una transferencia bancaria, traslada al juzgado los detalles correspondientes: la cuenta, el titular, etc.

Por tanto, la UCO trabaja con datos reales y concretos. Las partes involucradas, si desean defenderse, deberán hacerlo frente a esos hechos. No obstante, parece que no cuentan con una base sólida para defenderse si lo que buscan es desprestigiar a la institución y a su máximo responsable, con el fin de desacreditar esas pruebas y lograr que se anulen en el juzgado.

Ahora se ha dado un paso aún más grave con lo que está saliendo estos días en la prensa, y eso nos preocupa verdaderamente. El hecho de que se manipulen intencionadamente pruebas no puede admitirse bajo ninguna circunstancia. En una conversación de WhatsApp existe un orden cronológico que debe respetarse; anular ciertas frases para alterar el significado y acusar falsamente a una persona de querer cometer un atentado contra el presidente del Gobierno nos parece muy grave.

Que ministros del gobierno salgan públicamente a afirmar esto y se aprovechen de ese bulo para intentar desprestigiar a la unidad es muy peligroso, porque no solo es un medio de comunicación quien lo hace, sino que el propio gobierno participa en esa dinámica.

Epoch Times: ¿Se refiere usted a la conversación de WhatsApp que se ha filtrado en la prensa, en la que parecía —o se quiso hacer parecer— que un exmiembro de la UCO había dicho que quería poner una bomba lapa al presidente, cuando en realidad lo que él estaba diciendo era que se la podían poner a él?

Sr. Nemiña: Efectivamente. Y es que, además, no solo dijo que se la podían poner a él, sino que si se analiza toda la conversación, lo que dice la persona con la que está hablando es que le van a dar una medalla, y él responde: «¿O una bomba lapa?». Es decir, incluso puede que ni siquiera temiera que se la pusieran; quizá solo estaba haciendo una broma. El WhatsApp es muy frío, no se ven las expresiones cuando se escribe. Pero, desde luego, lo que no decía era que quería poner esa bomba lapa al presidente del Gobierno. Quien filtró esa conversación, quien la publicó y quien la utilizó para sacar rédito, sabía perfectamente que no era así.

Epoch Times: Siguiendo con esta sucesión de noticias sobre la UCO, la última es el anuncio que ha hecho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla que la UCO, junto con otras unidades de policía judicial, pase a depender funcionalmente del Ministerio Fiscal en lugar de los jueces de instrucción, como ocurre actualmente. ¿Ustedes cómo valoran esta medida?

Sr. Nemiña: Desde luego, desde mi punto de vista, la vemos —la veo— peligrosa. La veo peligrosa porque, de hecho, desde la institución judicial también se están quejando, ya que se percibe claramente —y, por desgracia, los medios reflejan constantemente— la situación de descrédito que atraviesa la Fiscalía en la actualidad. La independencia que poseen los jueces no existe en la Fiscalía. El Fiscal General del Estado, recordemos, está imputado por una situación que pone en entredicho su imparcialidad, mostrando que esa persona está condicionada por el partido político que esté en el Gobierno. En este momento es uno; mañana puede ser otro, pero, sin duda, será elegido por el partido gobernante, y la independencia de la Fiscalía está en duda.

Por tanto, que quien investiga hechos delictivos dependa de una Fiscalía cuya imparcialidad está cuestionada nos parece muy peligroso. Si hubiera algún motivo de peso que justificara esta medida, podría entenderse, pero si hasta ahora dependíamos de los jueces, no comprendemos este cambio, sobre todo en un momento tan delicado como el actual, en el que la desconfianza hacia la Fiscalía es significativa en la sociedad. Este cambio genera aún más dudas y recelo, porque si la Fiscalía gozara de prestigio ante la sociedad, quizá no importaría, pero en estos momentos resulta muy arriesgado.

Epoch Times: ¿Hay alguna cosa más que quiera compartir con nosotros, don Eugenio? ¿Algo que quiera usted resaltar o destacar y que yo no le haya preguntado?

Sr. Nemiña: Sí, simplemente quisiera añadir algunos detalles. El ataque que sufre la Guardia Civil por parte de la administración no se limita únicamente a las competencias, como en el caso de la UCO, sino que ocurre en todas las esferas.

Como mencionaba al principio con respecto a nuestra asociación, la administración no quiere que contemos con sindicatos, mientras que la policía sí los tiene. Alegan que estos representan un riesgo para la independencia y la disciplina.

Los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores. Con esto, lo que buscan es debilitarnos para poder aprovecharse y recortar otros derechos, como mencioné al principio, por ejemplo, nuestra jornada laboral, en la que no contamos con turnos de trabajo. Cualquier servicio de emergencia —bomberos, médicos o policías— dispone de turnos que les permiten conciliar la vida laboral y familiar. Sin embargo, la mayor parte del personal que trabaja en la Guardia Civil carece de turnos y de retribuciones adecuadas. Nuestras retribuciones son más bajas que las de cualquier otro cuerpo policial en España.

Este tipo de medidas se aprovechan para mantenernos más controlados, en condiciones peores y, entendemos, como una forma de castigo, ya que no encontramos otra justificación.

Epoch Times: ¿Y como castigo, por qué exactamente? ¿Por su integridad, quizás?

Sr. Nemiña: Precisamente por eso, por nuestra independencia… Nosotros actuamos contra el delincuente. Nos da igual el color de su partido político, si es rico o pobre. Cuando hay una denuncia, cuando hay sospechas y una investigación, actuamos y elaboramos informes que, por lo menos, procuramos que sean imparciales. Podemos cometer algún error, somos personas; no comete errores quien no hace nada. Pero de ahí a tacharnos de «policía patriótica» o cosas por el estilo, es que, de verdad, lo único que buscan es atacarnos, desprestigiarnos y quitarnos la relevancia que tenemos de cara a la sociedad. Como te digo, somos la institución más valorada. ¿Cómo se nos puede atacar? Pues quitándonos ese prestigio hablando mal de nosotros constantemente en la prensa.

Epoch Times: Desde luego, con todo lo que me ha estado contando, ustedes, sin duda, podrían ser calificados como una profesión de alto riesgo.

Sr. Nemiña: La pena es que no lo haga el Gobierno…

Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times