Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos exigió el 21 de noviembre que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, «rectifique» su decisión de impedir que el Pleno de la próxima semana debata y vote sobre la necesidad de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que analice la legalidad del procedimiento seguido en la aprobación del Acuerdo UE–Mercosur.
«Unión de Uniones exige que la Presidenta Metsola corrija su decisión y permita la votación de la Moción de Resolución en Estrasburgo, de modo que el Parlamento pueda ejercer sus funciones y velar, con rigor jurídico, por los intereses de los agricultores y ganaderos europeos», dijo la agrupación en un comunicado.
La decisión de Metsola aplaza la votación a enero, cuando el Consejo ya haya firmado el acuerdo, un paso que abriría la puerta a activarlo mediante una aprobación simple y sin pasar por la ratificación de los Parlamentos nacionales.
Unión de Uniones subraya que el Acuerdo UE–Mercosur presenta «irregularidades jurídicas» que suponen «una amenaza para el sector agrario europeo». Entre ellas, señala la división artificial del acuerdo destinada a avanzar en el plan de la Comisión Europea sin la ratificación de los Parlamentos nacionales, encargados de velar por los intereses de sus ciudadanos.
Además, la organización advierte de que el Mecanismo de Reequilibrio incluido en el acuerdo limita la capacidad soberana de la UE para adoptar medidas de protección, y que el capítulo sanitario y fitosanitario dificulta la aplicación del Principio de Precaución, poniendo en riesgo la seguridad de la producción europea.
El sector agropecuario y ganadero está preocupado de que el acuerdo genere «una competencia desleal devastadora en sectores como el vacuno, aves, porcino, arroz, miel o maíz dulce, al permitir importaciones masivas sin cláusulas espejo ni obligaciones equivalentes».
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Unión de Uniones alegó que la cláusula de salvaguarda recientemente aprobada por el Consejo se podría considerar como «parches que llegan tarde y son insuficientes» para proteger al sector. También manifestó «su indignación» de que el Consejo apruebe el texto sin enmiendas y se pretenda prácticamente hacer lo mismo en el Parlamento.
La agrupación dijo que envió una carta a Metsola en la que reprocha su decisión y le recuerda las prerrogativas del Parlamento y la necesidad de que el acuerdo sea analizado «con especial rigor jurídico antes de su eventual aprobación».
El acuerdo entre los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y la UE pretende establecer una zona de libre comercio transatlántica.
La Comisión Europea presentó el 3 de septiembre de 2025 sus propuestas para la firma y la conclusión del acuerdo con Mercosur, un expediente aún no ratificado. En medio de la resistencia de varios gobiernos y a la oposición de organizaciones agrarias en países como España, Bruselas ha optado por tramitar dos instrumentos: uno es el Acuerdo Comercial Interino (ATI) del Mercosur que se activará mediante un procedimiento de aprobación simple que no podrá ser vetado individualmente por un país. Este es el instrumento sobre el cual se manifiestan los mayores rechazos.
Aparte está el Acuerdo de Asociación UE–Mercosur (APEM), que seguirá otro curso e incluye los capítulos político y de cooperación.
Previamente, se alcanzó un acuerdo político en diciembre de 2024, tras 20 años de negociaciones. Sus partidarios, encabezados por los gobiernos de Alemania y España, esperaban que ofrezca a la UE acceso a grandes mercados estratégicos.
«No hay bilateralidad en los compromisos y beneficios para cada parte», declaró a The Epoch Times España el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, al denunciar la «ratificación exprés» del acuerdo en septiembre. En su opinión, algunos términos tan anunciados por la Comisión Europea como la afirmación de que el acuerdo reducirá los elevados aranceles sobre productos agroalimentarios clave de la UE, en particular el vino y ciertas bebidas (hasta un 35 %), el chocolate (20 %) y el aceite de oliva (10 %), con la propuesta actual tardarán una decena de años para que se apliquen.
«Un bloqueo político» con «una justificación sin fundamento»
Unión de Uniones dijo que la Conferencia de Presidentes de los Grupos Parlamentarios dejó fuera del orden del día la petición por decisión directa de Metsola, del Grupo Popular Europeo, pese a que la resolución contaba con la firma de 145 eurodiputados, más del doble de las necesarias para ser registrada y discutida.
La organización interpretó esta exclusión como «un bloqueo político grave y premeditado», que limita de forma indebida el derecho del Parlamento Europeo a ejercer control sobre la Comisión.
Respecto a la justificación ofrecida por Metsola, según la cual el Parlamento no podría solicitar una Opinión al TJUE antes de que el acuerdo esté firmado, sostuvo que se trata de un pretexto sin fundamento jurídico, recordando que el artículo 218.11 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite explícitamente solicitar la Opinión del Tribunal en cualquier fase del procedimiento.
Este argumento confirma las sospechas de que se pretende aprobar el acuerdo «contra viento y marea», incluso si es necesario «saltarse todas las líneas rojas que sean necesarias», añadió. Este movimiento supone frenar un mecanismo de control parlamentario previsto precisamente para garantizar el respeto del marco jurídico comunitario.
«Esto es una cacicada en toda regla, impropia de una institución que debería regirse por principios rigurosamente democráticos», concluyó Unión de Uniones.
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La votación tendría lugar en enero, una vez que el Consejo haya firmado el acuerdo
Un grupo de eurodiputados de La Izquierda, Los Verdes y los Liberales —entre ellos Manon Aubry, Saskia Bricmont, Majdouline Sbaï, Pascal Canfin y Benoit Cassart— presentó el 13 de noviembre una propuesta para pedir al Tribunal de Justicia de la UE que evalúe la legalidad del acuerdo UE–Mercosur.
La iniciativa, respaldada por un bloque multipartidista, no buscaba aprobar ni rechazar el acuerdo, sino comprobar si cumple correctamente con los tratados europeos, ante las advertencias de que podría recortar la capacidad de la UE para aplicar o reforzar normas ambientales y sanitarias en el futuro.
Manon Aubry denunció una decisión «escandalosa», y la atribuyó a Roberta Metsola y al «creciente nerviosismo de los partidarios del Mercosur, que saben que ya no tienen garantizada una mayoría», según informó France Soir.
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«El cuestionable argumento de Roberta Metsola impide que se vote la próxima semana la posibilidad de remitir el acuerdo UE-Mercosur al TJUE», lamentó Pascal Canfin. El eurodiputado, no obstante, dijo que la votación tendría lugar en enero, lo que sería una vez que el Consejo haya firmado el acuerdo.
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