En las últimas semanas, ha saltado al escrutinio público que el Gobierno español eligiera a la empresa Huawei para el almacenamiento de escuchas policiales, una información de muy alta sensibilidad.
Tanto el Gobierno de Estados Unidos como la Unión Europea han expresado su estupor ante dicha elección, teniendo en cuenta de que se sabe que todas las empresas chinas están obligadas por ley a entregar al régimen del Partido Comunista cualquier información que se le requiera sin poder oponerse. Esto significa que estas empresas, independientemente de operar en suelo español, siguen rigiéndose por la legislación china, una legislación que, por contextualizar, castiga con pena de muerte más de 50 delitos.
El escrutinio también viene de dentro de España. De hecho, incluso los socios de investidura del gobierno han cuestionado esta decisión y expresado su preocupación.
El diputado del Congreso Nacional Josep Pagès, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, compartió las preguntas que dirigió al Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 18 de julio, tras la difusión de informaciones que apuntan a un posible riesgo para los aliados de España por la presunta exposición de datos sensibles a China a través de la empresa Huawei.
«En Junts per Catalunya somos especialmente sensibles a la injerencia de China, a través de sus empresas, en la seguridad de los países occidentales aliados, y consideramos que también representa un riesgo para Cataluña», declaró el diputado Pagès a Epoch Times España. «Por esa razón, hace unas semanas presentamos una serie de preguntas al Gobierno».
En una de sus preguntas al Gobierno, cuestiona «cómo se explica» que, «mientras los operadores españoles han eliminado a Huawei de sus redes 5G por presiones de sus socios internacionales y el Gobierno ha restringido su acceso a financiación pública, el Ministerio del Interior haya adjudicado a la misma empresa un papel clave en la infraestructura que custodia las grabaciones más sensibles».
Haciendo un repaso de la presencia de Huawei, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la empresa China figura desde el año 2011, ya sea en la certificación de sus productos o en contratos de soporte y mantenimiento.
En 2019, una UTE formada por Huawei y Vodafone recibió una subvención de 6,3 millones de euros para un proyecto piloto 5G en Andalucía, cuyo coste total ascendía a 27 088 347,25 euros. En otra licitación, con el objetivo de renovar el equipamiento IP de RedIRIS (routers, switches, etc.) para adaptarlos a esos nuevos enlaces de 100 Gbps, Telefónica, con equipos de Huawei, recibió un importe de unos 5,5 millones de euros en ayudas.
Según consta en el BOE, en junio de 2020 se certificó como seguro el producto «Huawei 5900 Series 5G gNodeB Software V100R015C00SPC108». No hay información oficial que indique que estas certificaciones hayan sido revocadas.
En 2021, Huawei también participó en un proyecto 5G en Valencia como colaborador de una UTE de la empresa operadora Orange con otras compaías, de 10 millones de euros, dentro del Plan Nacional 5G del Ministerio de Energía, impulsado por la empresa pública Red.es y cofinanciado con fondos FEDER.
Sin embargo, en 2023, Huawei fue restringido en la Unión Europea, lo que llevó al Gobierno a restringir indirectamente a las polémicas tecnológicas chinas.
Por ejemplo, el Gobierno publicó una convocatoria en el BOE para el despliegue del 5G en zonas rurales, que otorgó 508 millones de euros en ayuda pública, en la que advertía que «en particular, los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España, en base a los criterios de la Toolbox sobre ciberseguridad 5G». La Toolbox que menciona correspondería a la «Caja de herramientas europea contra riesgos de ciberseguridad».
La última Caja de Herramientas contra riesgos de ciberseguridad de Europa se publicó en 2023. En ella se recomienda restringir a la participación de Huawei. Sin embargo, el Gobierno cita que para garantizar la seguridad se basa en las instrucciones del Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, que aplica la Caja de herramientas europea anterior, de 2020, donde aún no se mencionaba la restricción expresa a Huawei.
Pero el Gobierno estableció una restricción indirecta a Huawei. En la convocatoria de ayudas se especifica que «si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado. Dicha sustitución se habrá de realizar en un plazo máximo de 24 meses, y siempre en un plazo inferior al que esté fijado por la legislación vigente en su momento».
Esto provocó que, dado que oficialmente no hay ninguna lista de proveedores de alto riesgo que incluya a las tecnológicas chinas —aunque se daba por hecho que Huawei y ZTE debían ser señalados— Huawei y Vodafone, uno de los operadores que trabaja con la empresa China, presentaran un recurso contra algunos artículos de la convocatoria, que avanzó hasta la Audiencia Nacional.
En febrero de 2024, cuando al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, se le preguntó sobre en qué momento daría a conocer el listado de proveedores de alto riesgo y si Huawei estará dentro de esa lista, respondió que «España no tiene ninguna intención de hacer un listado de proveedores de alto riesgo ni hay ningún marco europeo que se lo exija».
Muchos de los proyectos para la 5G Rural del año 2023, que sumaron 508 millones de euros en ayuda se los adjudicó Telefónica, aunque también figuran Xfera Móviles y Orange, que son del grupo MasOrange, así como Vodafone y Avatel. Todos han trabajado o trabajan con Huawei.
En 2025, en el 5G Forum de Sevilla, un evento promovido por la administración actual, MasOrange dijo que estaba desplegando en Sevilla la nueva red 5G Advanced (5,5G) con Huawei.
De otra parte, Telefónica es una empresa que se mantiene muy ligada a Huawei. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social dispone de equipos de almacenamiento Huawei, y en 2024 abrió una licitación para su mantenimiento. En marzo de 2025, el contrato fue adjudicado a Telefónica Soluciones por un importe de 477 335,42 euros, según el BOE.
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También el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, dijo el 24 de julio en una entrevista a El Periódico, que el sistema Huawei que se utiliza en España en las escuchas está supervisado por Telefónica.
«El sistema que se utiliza en España está desconectado de la red, por lo cual no hay ninguna posibilidad de hackeo. Además, cuenta con la máxima acreditación de seguridad del Centro Criptológico Nacional y está supervisado por Telefónica, por lo tanto, no hay ningún problema de seguridad», dijo López, añadiendo que «en España se utiliza Huawei desde 2011, eso son 14 años».
Productos altamente sensibles y críticos en manos de Huawei
En la red 5,5G de Sevilla, en la que hoy participa Huawei, se anuncian habilidades particularmente sensibles: se introduce capacidades como el sensing, que permite detectar, identificar y rastrear objetos estáticos o en movimiento con una desviación inferior a 10 cm, utilizando las señales de comunicación de la red móvil y además, permite monitorizar el tráfico de vehículos, peatones, maquinaria o trabajadores. Además, «tiene gran potencial en soluciones de defensa para vigilancia encubierta o en condiciones de poca visibilidad», según explicaron los organizadores.
MasOrange también empezó este año a desplegar una red IP comercial completamente autónoma, con inteligencia artificial, en colaboración con Huawei. Es la primera vez que una red de este tipo (nivel 4, según el estándar del TM Forum) se lanza a gran escala en Europa, informó en su Blog antes del Forum, el 7 de mayo.
España cuenta con una alta cuota de otros productos altamente críticos de Huawei que saltaron a la fama después del apagón del 28 de abril: los inversores fotovoltaicos. El inversor solar es el encargado de convertir la corriente continua procedente de las placas fotovoltaicas en corriente alterna para la red eléctrica.
El 70 % de los inversores fotovoltaicos instalados en España, según los registros de 2023, provienen de marcas chinas, lideradas por Huawei, dijo Christoph Podewils, Secretario General del Consejo Europeo de Fabricación Solar (ESMC), a The Epoch Times España.
En su opinión, eso significa que «la soberanía energética de Europa está en grave riesgo debido a la falta de regulación y el control remoto de los inversores fotovoltaicos de fabricantes no europeos de alto riesgo, especialmente de China». Son productos que cuentan con componentes de comunicación remota y se ha detectado que en algunos casos no aparecen en la información técnica de los productos.
Apoyo público a otras empresas chinas
En enero de 2025, EE. UU. prohibió cualquier tecnología y servicios de información y comunicaciones que esté diseñada, desarrollada, fabricada o suministrada por propiedades sujetas a la jurisdicción o dirección de un adversario extranjero como China. Las baterías son productos conectables a las redes.
España otorgó 300 millones en subvenciones a la empresa de baterías china CATL, que está identificada como empresa militar china al igual que Huawei. También otorgó, en 2023, 200 millones de euros en subvención y 100 millones en préstamos a Envision AESC Spain, S.L.U. para levantar una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres), dentro del Plan de Recuperación y el programa PERTE-VEC II, que contempla ayudas a la industria del vehículo eléctrico. El proyecto tenía un presupuesto financiable de más de 1300 millones de euros.
El proyecto, al parecer, permanece paralizado. En febrero de 2022, el presidente Pedro Sánchez se reunió con Lei Zhang, CEO de Envision Group y presidente ejecutivo de AESC, para firmar un acuerdo y anunciar el inicio de las obras ese mismo semestre. Se habló entonces de una inversión total de 3800 millones de euros con fondos Next Generation EU.
Sánchez colocó simbólicamente la primera piedra en julio de 2022. En julio de 2024, Sánchez volvió a visitar el lugar para reafirmar su compromiso, pero la obra siguió detenida, según La Razón.
Tras la concesión de ayudas, Sánchez realizó dos visitas oficiales a China: en septiembre de 2024 y abril de 2025. En la primera se reunió con ejecutivos de Envision en Shanghái y firmó un nuevo memorando de entendimiento.
En paralelo, la empresa china CATL participa en la gigafactoría de baterías de Stellantis, según anunció en enero de 2025 el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Las ayudas provienen del Plan de Recuperación y Resiliencia. En diciembre de 2024, se valoró el acuerdo entre Stellantis y CATL por la creación de casi 3000 empleos. Sin embargo, se prevé la contratación de al menos 2000 ciudadanos chinos, que deberán ser ubicados por las autoridades españolas en el entorno industrial del proyecto.
¿Hay más instalaciones de Huawei en sistemas de escuchas?
El diputado Pagès pidió al Gobierno español que confirma «que el Ministerio del Interior se ha adjudicado un contrato por valor de 12,3 millones de euros a la filial española de Huawei para gestionar los servidores del sistema SITEL, encargado de conservar las interceptaciones legales realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil?», y si «ha adjudicado a Huawei la gestión de otros sistemas de escucha, grabación o seguimiento».
El sistema de Huawei contratado sería OceanStor 6800 V5, «una solución validada por el Centro Criptológico Nacional pese a que la legislación de seguridad china obliga a las empresas radicadas en aquel país a colaborar con las autoridades chinas y compartir toda la información que se les requiera, incluida la más sensible», señaló Pagès.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un producto de la serie Huawei OceanStor fue certificado como seguro en 2016 por el entonces director del Centro Criptológico Nacional, Félix Sanz Roldán, durante un gobierno del Partido Popular, tras una solicitud presentada por Huawei Technologies Co., Ltd. relacionada con la presidencia del Gobierno.
También se certificaron productos Huawei OceanStor en 2021 y 2022, relacionados con el Ministerio de Defensa, por la Directora del Centro Criptológico Nacional, Paz Esteban López. Varios otros productos Huawei han sido certificados como seguros en España desde el año 2011 según el Boletín Oficial del Estado.
Aunque el Gobierno confirmó en junio de 2025 que esta plataforma se está usando en el sistema de interceptación de telecomunicaciones (SITEL) de la Policía, no proporcionó detalles sobre los costes ni sobre el procedimiento de adjudicación.
¿Riesgo para la seguridad de España y de sus aliados?
El diputado Pagès cuestionó si el Gobierno «considera que la contratación de la empresa Huawei para gestionar los servidores del sistema SITEL pone en riesgo la seguridad del Estado español y la de sus aliados occidentales» y «si esta contratación es compatible con la exigencia de la Unión Europea de que los Estados miembros excluyan a proveedores de «alto riesgo” de sus redes críticas».
Al respecto, señala que «la Unión Europea ha exigido a los Estados miembros que excluyan a proveedores de “alto riesgo” de sus redes críticas, y de hecho Alemania, Portugal, Suecia, Francia y también el Reino Unido han vetado a Huawei en sus infraestructuras de telecomunicaciones».
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La Comisión Europea declaró el 22 de julio que los países de la Unión Europea deben «restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G», ya que la compañía china «representa un riesgo mucho mayor» que otros proveedores. Estas declaraciones se produjeron en respuesta a la creciente preocupación de que España esté utilizando productos de la empresa china en sus redes y en centros de información considerados de máxima seguridad.
«La falta de una acción rápida expone a la Unión Europea en su conjunto a un riesgo claro», afirmó Thomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea.
La difusión de informes de que «el Ministerio del Interior español adjudicó contratos por valor de 12,3 millones de euros a Huawei, empresa con estrechos vínculos con el PCCh, para el suministro de servidores y servicios de consultoría para los sistemas de escuchas telefónicas de España», significó severas respuestas desde Estados Unidos el 17 de julio.
El senador Tom Cotton y el representante Rick Crawford, presidentes de los comités de inteligencia del Senado y el Congreso, solicitaron a la directora de Inteligencia Nacional que «revise los acuerdos de intercambio de inteligencia con el Gobierno de España para garantizar que la información compartida con los servicios de inteligencia, defensa y fuerzas del orden españoles no revele secretos de seguridad nacional de Estados Unidos al Partido Comunista Chino (PCCh)».
Para Estados Unidos, Huawei representa una amenaza para las redes, la infraestructura y la privacidad estadounidenses. «Hasta que España siga el ejemplo, el gobierno estadounidense debe garantizar que cualquier información compartida con el gobierno español esté censurada con los detalles que no deben compartirse con el PCCh», destacó Cotton.
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Implicaciones del caso Koldo y la relación con Huawei
La sexta y última pregunta que el diputado Josep Pagès dirigió al Gobierno se refiere al posible papel de un individuo clave en la contratación con Huawei:
«En las relaciones del Ministerio del Interior con la empresa Huawei, que incluyen la adjudicación de un contrato de 12,3 millones de euros para gestionar servidores del sistema SITEL, ¿qué papel ha jugado el señor Aldama?»
Según informaciones citadas por Junts, el Sr. Aldama habría colaborado con la Unidad Central Especial 2 (UCE2) del Servicio de Información de la Guardia Civil para obtener información mediante confidentes en empresas como Globalia, Huawei, Correos o compañías de VTC, así como para establecer vínculos con los servicios de inteligencia de Francia y Estados Unidos.
Como reconocimiento a esa labor, el Instituto Armado le habría concedido la Medalla al Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil, el 27 de septiembre de 2022.
Cabe destacar que el Sr. Aldama está implicado en el conocido caso Koldo, una investigación que ha salpicado a varios altos cargos y contratistas relacionados con la gestión de fondos públicos durante la pandemia y que continúa abierta en la Audiencia Nacional.
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