En un giro que alivia tensiones, pero no resuelve el fondo del conflicto, la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, ha suspendido provisionalmente las licencias de obra para cuatro proyectos fotovoltaicos que amenazan con talar más de 100 000 olivos centenarios en la campiña norte de Jaén.
La decisión llega tras semanas de denuncias por «maniobras sospechosas» y amenazas de demandas judiciales de plataformas como SOS Rural.
La medida paraliza los expedientes hasta que la Junta de Andalucía resuelva los recursos de revisión presentados contra las autorizaciones sectoriales y ambientales. Según el decreto municipal —citado por El Debate— esta suspensión busca «asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad».
Torres, que el mes pasado se comprometió públicamente ante SOS Rural y la Plataforma Campiña Norte a no otorgar licencias mientras se resuelven estos recursos, parece cumplir así su palabra, entregada tras recibir más de 31 000 firmas ciudadanas.
Sin embargo, la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha calificado la suspensión de «provisional» y «parche temporal» en un vídeo difundido esta mañana en X.
«La alcaldesa de Lopera las suspende, pero solo provisionalmente», alertó Corbalán durante un vídeo de tres minutos donde detalla que esta medida no impide una ejecución inminente si la Junta inadmite los recursos.
La activista, que ha liderado la resistencia desde mayo, insiste en que las licencias son «nulas de pleno derecho» por el fraccionamiento ilegal de un megaproyecto para evadir controles estatales.
El conflicto estalló hace meses en Lopera, Arjona y Marmolejo, donde empresas como Greenalia y Green Stone Renewable impulsan megaplantas, pero —según sus críticos— fraccionadas con potencias inferiores a 50 MW cada una —un umbral que evita la competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)—.
Este «fraude de ley», como lo denomina Corbalán, permite evaluaciones ambientales simplificadas y separadas, en lugar de una conjunta ordinaria, violando directrices del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya apuntó a su nulidad el 15 de julio, en una sentencia que SOS Rural cita como precedente.
En este marco, las empresas de renovables están ejerciendo presión. Greenalia amenazó con demandas por «prevaricación» y reclamaciones multimillonarias si no se otorgan las licencias, lo que generó ataques personales contra Torres. El Ayuntamiento respondió anunciando acciones legales contra estas intimidaciones, mientras el Plan Especial para regular estas plantas en Lopera permanece paralizado por un requerimiento de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Circular.
En mayo, SOS Rural alertó de la tala inminente de miles y miles de olivos en Jaén y Córdoba para decenas de megaplantas.
«Energías renovables sí, pero no así. No estamos en contra de la transición energética, ni de la descarbonización de la economía, que reconocemos como necesaria y urgente. Pero no puede hacerse a costa del medio rural, del olivar tradicional ni de la soberanía alimentaria», comentó Corbalán en una entrevista con The Epoch Times España.
El impacto económico es demoledor. Según un informe de la cooperativa La Loperana, los cuatro proyectos afectados en Lopera —Zumajo II, Guadame III, Marmolejo Solar I y II— implican la pérdida de 42 600 olivos en 426 hectáreas, equivalentes a dos millones de kilos de aceitunas al año, 400 000 litros de aceite y más de tres millones de euros en jornales y ventas.
En diálogo con este medio, otras voces del sector agrario también advierten el efecto destructivo del avance de las renovables en el campo. José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante, calificó la instalación de plantas en suelo agrícola de Alicante como un «despropósito» que viola la Ley 52/1980 que protege fincas de interés nacional.
«No podemos permitir que se esté transformando tierra cultivable en campos de paneles solares sin ningún tipo de zonificación», han exigido desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
En España, la capacidad instalada solar creció de 7 GW en 2018 a 32,3 GW en 2024, impulsada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, que busca 81 por ciento de renovables en la generación eléctrica.
Pero este boom oculta costes como por ejemplo las miles de parcelas ya expropiadas de manera forzosa.
Esta semana, la alianza SOS Rural, Ecología y Libertad y Campiña Norte notificó a Torres que la demandarán si concede las licencias, invocando el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
SOS Rural denunció un «plan de la alcaldesa para aprobar las licencias por medio de una presunta trampa», alegando que la suspensión vincula las concesiones a la decisión de la Junta, ignorando la vía judicial.
«Le recordamos a la alcaldesa de Lopera de que la última palabra sobre la legalidad de estas plantas fotovoltaicas le corresponde al juez de lo contencioso y no a la Junta de Andalucía, que en nuestra opinión está del lado de la empresa promotora», advirtió Corbalán.
«Hemos percibido constantes incongruencias y cambios de versión por parte del Ayuntamiento de Lopera, que intenta ahora justificar la aprobación de las licencias para los parques solares pese a sus compromisos previos, tanto con nosotros como con sus vecinos», declaró la portavoz de SOS Rural.
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