El Gobierno empezó a mirar fuera para cubrir los futuros puestos de conductores en el transporte terrestre tras apuntar que podrían faltar profesionales. Días atrás, Madrid y Rabat firmaron un acuerdo que abre la puerta a que ciudadanos marroquíes lleguen a España para formarse y trabajar como conductores de transporte terrestre, una posibilidad que encaja con la nueva Orden GECCO 2026, la normativa con la que el Ejecutivo quiere ordenar la contratación en origen a partir del próximo año. El texto se apoya en el nuevo Reglamento de Extranjería y permite tanto empleos «de carácter estacional o de temporada» como contrataciones estables sin obligación de retorno, un giro relevante en la política migratoria laboral.
«Las dos partes estudiarán la posibilidad de llevar a cabo proyectos de movilidad profesional y formación en España, especialmente en el ámbito de los conductores de transporte terrestre», dice el artículo 38 del acuerdo firmado entre España y Marruecos el 4 de diciembre.
El Gobierno estima que «para los próximos tres años harán falta unos 30 000 conductores profesionales» para el transporte de mercancías por carretera y de viajeros en autobús, lo que considera «un sector estratégico para la economía española, con una fuerte demanda y oportunidades laborales».
Por su parte, el sector del transporte por carretera señala que las dificultades para atraer nuevos conductores en España se deben en parte a «las difíciles condiciones laborales» y a la falta de modelos logísticos más eficientes y operativos. A ello se suma la inseguridad: el 52 % de los conductores declara haber sido víctima de robos y, en los últimos años, de otras formas delictivas como la suplantación y los ciberataques.
Mientras tanto, la memoria abreviada del Proyecto de Orden GECCO 2026 deja claro que el sistema regulará el próximo año dos vertientes de contratación que no descartan la entrada de trabajadores en este sector. Por un lado, la migración circular para actividades estacionales o de temporada; por otro, contrataciones estables no vinculadas al retorno, orientadas a cubrir necesidades estructurales del mercado laboral. El documento subraya además que se trata de una planificación plurianual, y no limitada a campañas concretas. La orden entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
El objetivo de la gestión colectiva de contrataciones en origen es doble, según el borrador del documento MAIN Orden GECCO 2026 citado por el Ministerio de Inclusión. De un lado, «permite cubrir las necesidades de mano de obra de determinados sectores y ocupaciones que se hayan mostrado como de difícil cobertura en el mercado laboral interior», siempre sujeto «a la situación nacional de empleo y a la capacidad de acogida del país».
De otro lado, la orden «refuerza las relaciones de colaboración con los países de origen, avanzando en la cogestión de los asuntos migratorios», mediante la articulación de «vías regulares, seguras y ordenadas de migración», en línea con los objetivos internacionales de la Agenda 2030 y el Pacto Global de Migraciones adoptado en Marruecos en 2018.
El texto concede un papel central a la formación de las personas trabajadoras contratadas en origen, incluyendo «autorizaciones provisionales vinculadas a la formación o cualificación profesional previa», lo que apunta a una gestión dinámica de las necesidades laborales y no limitada al empleo agrícola estacional.
El Gobierno no fija cifras cerradas para 2026
Desde el punto de vista cuantitativo, el propio documento reconoce que no fija cifras cerradas de puestos, ya que estas se determinarán tras recabar propuestas de las comunidades autónomas y consultar a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. No obstante, la memoria señala que en 2025 se concedieron 25 767 autorizaciones en el marco de la gestión colectiva, de las cuales alrededor de 20 000 correspondieron a mujeres, principalmente en programas de migración circular. En 2024, se concedieron 20 000 autorizaciones, y en la gestión de 2023 otras 19 000.
Los modelos oficiales de oferta incluidos en la Orden GECCO 2026 contemplan expresamente la posibilidad de exigir permiso de conducir como requisito del puesto, además de campos sobre formación específica, experiencia profesional, idiomas y certificaciones. Esto confirma que el sistema no se limita exclusivamente a trabajos agrícolas estacionales, según el documento Proyecto de Orden GECCO 2026 citado por el Ministerio de Inclusión.
El texto regula de forma expresa proyectos de migración estable, distintos de la migración circular, que no exigen retorno obligatorio tras una campaña y se orientan a cubrir necesidades estructurales.
Asimismo, permite modificar las autorizaciones plurianuales a autorizaciones de residencia y trabajo de dos años, válidas tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.
Las ofertas de trabajo podrán ser también de carácter nominativo, lo que se aleja del modelo de agricultura estacional, y se permitirá unificar ofertas para una misma persona trabajadora, facilitando la continuidad laboral y la movilidad entre proyectos. El texto regula, además, cambios de empleador y de ámbito geográfico durante la vigencia de la autorización.
Por último, la orden establece que las ofertas se orientarán preferentemente a países con los que España mantiene acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios —como Marruecos, Colombia, Ecuador, Mauritania u Honduras—, así como a otros con instrumentos de cooperación en vigor, entre ellos Senegal, Gambia, Filipinas, Paraguay o Argentina, o con aquellos con los que se suscriban nuevos acuerdos durante la vigencia de la norma.
España y Marruecos se apoyan en el proyecto Wafira
Más allá del marco normativo general, el acuerdo entre España y Marruecos también se apoya en experiencias previas de migración circular, como el programa Wafira, que ha servido de laboratorio para proyectos de movilidad laboral vinculados a la formación y el retorno.
Los gobiernos de España y Marruecos se felicitaron, según el texto del acuerdo, por lo que calificaron como «la excelente cooperación en materia de movilidad profesional» y anunciaron la puesta en marcha de Wafira II, una segunda fase del programa orientada a reforzar la inclusión económica de las personas trabajadoras tras su regreso al país de origen.
La primera etapa de Wafira, desarrollada entre octubre de 2021 y febrero de 2025, permitió completar la formación en emprendimiento de 600 mujeres marroquíes mientras trabajaban como temporeras en España, principalmente en la recogida de frutos rojos. El programa tuvo un coste total de 3,25 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea a través del Mecanismo de Asociación para la Migración (MPF), según informó la Moncloa.
Con Wafira II, el alcance del proyecto se amplía hasta 3 000 participantes, que ya no se limitarán exclusivamente a mujeres ni a Marruecos, e incluirá también a hombres y a nuevos países de destino como Francia y Portugal, además de la posible incorporación de otros países de origen como Mauritania y Cabo Verde. Se trata, en todo caso, de trabajadores temporeros, enmarcados en esquemas de migración circular.
«Lejos de ser un simple experimento, este proyecto ha demostrado ser un catalizador de transformación», afirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al presentar la segunda edición del programa en enero. Según el Gobierno, Wafira busca compatibilizar la cobertura de necesidades laborales en España con la transferencia de competencias y la reintegración económica en los países de origen.
«Este modelo de colaboración satisface las demandas laborales de sectores clave que nos lo solicitaban, mientras que impulsa la transferencia de habilidades y el desarrollo de las comunidades de origen, consolidando los principios de una migración digna y beneficiosa para todos», expuso al clausurar la primera etapa el 24 de enero de 2025.
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