La reciente violación de una menor de 14 años en el barrio de Hortaleza, Madrid, ha sacudido una vez más la conciencia colectiva de España. Según informes policiales, el agresor fue un inmigrante marroquí de 17 años, residente en el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs) de la zona, quien resultó detenido poco después del ataque ocurrido en un parque durante la madrugada del 31 de agosto de 2025. La víctima, una niña española de 14 años, sufrió una agresión sexual en un acto de violencia que ha generado indignación generalizada. Sin embargo, las reacciones no se han centrado tanto en el apoyo a la menor y su familia, sino en un debate polarizado que revela las grietas de nuestra sociedad y, sobre todo, la inacción de un Gobierno que parece priorizar la defensa de los agresores sobre las víctimas.
En lugar de condenar de inmediato el crimen y solidarizarse con la niña violada, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por el silencio o por defender a los residentes del centro de Hortaleza. Ningún ministro ha emitido un post o declaración pública sobre la víctima, a pesar de que el Ejecutivo se autodenomina «el más feminista de la historia». En cambio, la Delegación del Gobierno en Madrid prohibió una concentración convocada por Vox frente al centro, argumentando riesgos para la seguridad y posibles delitos de odio. Esta decisión ha sido criticada por vecinos y múltiples perfiles en redes sociales, quienes señalan que el foco debería estar en la víctima, no en proteger la imagen de los MENAs. ¿Quién está con la víctima?, se pregunta la sociedad, mientras el Gobierno parece más preocupado por las reacciones ciudadanas contra la entrada incontrolada de menores no acompañados que por el daño irreparable causado a una niña de 14 años.
Este caso no es aislado. En julio de 2025, en Alcalá de Henares, una joven de 21 años fue violada brutalmente cerca de un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) para inmigrantes. El agresor, un subsahariano en situación ilegal, que resultó detenido gracias a cámaras de seguridad y pruebas de ADN. El incidente desató disturbios y protestas antimigratorias, con Vox liderando concentraciones para exigir el cierre del centro. Nuevamente, el Gobierno respondió con tibieza, mientras la víctima sufría no solo el trauma físico y psicológico, sino también el eco de un debate político que la eclipsaba. ¿Quién repara el daño a estas mujeres? ¿Quién devuelve la paz a sus familias?
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Otro ejemplo trágico fue el asesinato de David Lledó Caselles en junio de 2024, en Gata de Gorgos, Alicante. David, un vecino de 36 años, fue golpeado mortalmente con un bate de béisbol por dos inmigrantes marroquíes en situación ilegal, quienes además ocupaban ilegalmente una vivienda. El crimen ocurrió cuando David defendió a su mujer y a su hija de un intento de agresión. Cientos de personas se manifestaron pidiendo justicia, y Vox exigió la deportación inmediata de los implicados. Sin embargo, uno de los acusados fue liberado bajo fianza un mes después, generando indignación entre los familiares y la comunidad. La familia de David no solo perdió a un ser querido, sino que vio cómo el sistema judicial parecía minimizar la gravedad del acto, perpetrado por individuos que no deberían haber estado en España.
Incluso en el mar, la inmigración descontrolada cobra vidas. En agosto de 2025, un cayuco rescatado al sur de Canarias reveló una masacre, ya que hasta 70 inmigrantes murieron durante el trayecto, muchos arrojados vivos por la borda por sus propios compañeros, acusados de «brujería» o conflictos internos. Diecisiete ocupantes fueron enviados a prisión por presuntos delitos de asesinato y homicidio. Esta tragedia evitable destaca cómo la permeabilidad fronteriza no solo pone en riesgo a los españoles, sino también a los propios inmigrantes. Según datos del proyecto Missing Migrants de Naciones Unidas, en la última década murieron 8000 inmigrantes en pateras y cayucos rumbo a España, un promedio de dos muertes diarias. ¿Quién vela por estas víctimas?
Estos incidentes ilustran un patrón alarmante. La inmigración ilegal facilita la entrada de perfiles conflictivos que aprovechan las fronteras porosas. No se trata de estigmatizar a todos los inmigrantes, ya que muchos contribuyen positivamente a nuestra sociedad, sino de reconocer que la falta de control genera víctimas en todos los lados. Incluso inmigrantes legales sufren, compiten por recursos escasos, enfrentan discriminación reactiva y, en casos extremos, son agredidos por ilegales recién llegados. El pasado verano asistimos a un suceso realmente trágico en el que Eric López, un joven colombiano con una carrera prometedora en España, fue degollado en Barcelona por un inmigrante ilegal argelino. Eric quiso evitar que este inmigrante ilegal robase a un turista y este noble acto acabó en asesinato a manos de un indeseable que no debió estar nunca en nuestro país.
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Se habla constantemente de los inmigrantes ilegales como una «población vulnerable», pero ¿en qué lado están realmente los vulnerables? La niña de Hortaleza llevará de por vida el trauma psicológico de la violación; la joven de Alcalá, las secuelas físicas y emocionales; la familia de David Lledó, el vacío irreparable de una pérdida absurda; y las víctimas del cayuco canario, el horror de una muerte evitable en alta mar. ¿Quién resarce este daño? El Gobierno, en lugar de fortalecer las fronteras y depurar responsabilidades, opta por políticas permisivas que permiten la entrada masiva sin filtros adecuados. Esto no es xenofobia; es sentido común. No somos racistas ni xenófobos, simplemente queremos eliminar la violencia importada y reforzar controles que protejan a todos.
Hemos llegado a un punto crítico donde la sociedad debe unirse. Ante esta tesitura, la sociedad debe plantearse crear una plataforma que represente a todas las víctimas de la inmigración ilegal, familias de españoles agredidos, inmigrantes legales afectados y hasta supervivientes de tragedias en el mar. Este grupo podría impulsar reformas como mayor control fronterizo, deportaciones rápidas de delincuentes y responsabilidad penal para políticos que permitan esta debacle fronteriza. El Gobierno debe responder. ¿Por qué se ignora a las víctimas españolas mientras se defiende a los agresores? ¿Por qué no se ejecutan órdenes de expulsión pendientes, como en el caso del violador de Alcalá?
En última instancia, esta no es una cuestión de ideología, sino de humanidad. Fortalecer las fronteras no es rechazar al extranjero, sino garantizar la seguridad de todos. Si no actuamos, seguiremos lamentando tragedias evitables. Es hora de que las víctimas tengan voz y que el sentido común prevalezca sobre la negligencia. ¿Quién se une a esta causa?
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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