El camino para que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logren la mayoría que necesitan para aprobar leyes como la nueva reforma de la carrera judicial y otras que les permitan tomar un control político más amplio de la justicia y librarse de algunos procesos legales contra sus miembros, es conflictivo, de acuerdo a la opinión de dos letrados.
«Va a ser difícil montar la mayoría que necesita. Esto se debe a que Sánchez no ganó las elecciones y está donde está en el cargo de presidente del gobierno porque le apoyaron Junts, Ezquerra, PNV» y «todas estas fuerzas que le apoyaron», lo hicieron «a costa de sacarle todo lo que pudieron. Sánchez tuvo que ceder presupuestos, competencias», dijo a Epoch Times España, el secretario general de Hazte Oír, Javier María Perez Roldán.
«Yo creo que ellos mismos tienen miedo porque dicen: «si apoyamos la ley bolaños, el gobierno pasa a tener el control absoluto de la justicia y quién nos garantiza que el gobierno no solamente archive las causas que le afectan a su partido, al PSOE, sino que venga por nosotros y que nos lo haga pagar caro»».
Por otra parte, el Sr. Perez lo ve conflictivo «porque también Sánchez les prometió muchas otras cosas que no ha cumplido». Entonces ellos se cuestionarán «¿por qué este hombre, si ahora nosotros apoyamos esta ley, va a cumplir la palabra de lo que nos vaya a prometer ahora?»».
No obstante, aunque están estas opciones, el letrado aconseja que para que los españoles estén más seguros de que no se aprueben leyes debería seguir «la presión desde Europa, presión desde la ONU, presión desde todos los foros y presión sobre todo de los españoles en la calle».
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Otro analista consultado por Epoch Times España, coincidió en que uno de los argumentos es que los independentistas «tienen la llave para aprobar esa ley, pueden apoyar a Sánchez o pueden no apoyarlo» y seguramente dudarán en hacerlo porque temería que algún día alguien del poder vaya en contra de ellos.
Otro argumento sería que los independentistas o los partidos pequeños pueden que no lo apoyen porque lo que más les interesa es un Sánchez débil, porque es la única manera en que les de todo lo que piden con tal de tener su apoyo.
Por el contrario, si Sánchez obtuviera con la aprobación de la ley Bolaños un poder tan grande, ellos ya no podrían extorsionarle porque ya tendría todo el poder. Ellos no quieren un Sánchez fuerte, le prefieren débil para poder sacarle todo lo que quieran, dice el analista.
El Gobierno español está tramitando un nuevo proyecto de ley para quienes cursen una carrera judicial y fiscal, que según el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, «va a atraer talento y a incrementar el número de jueces, fiscales y magistrados» y según las asociaciones de jueces y fiscales «es una «amenaza histórica» porque incrementa las posibilidades de injerencia política, altera la separación de poderes y genera una gran desconfianza entre los ciudadanos.
Entre las medidas adoptadas en la reforma, una de las más destacadas es la incorporación de 1000 personas a la carrera judicial, quienes serían promovidos y capacitados bajo la supervisión del gobierno.
«¿Cuál es la consecuencia? Una notable disminución del nivel de exigencia. Además, a estas 1000 personas se les permite el acceso bajo el único requisito de haber ejercido durante cinco años en actividades relacionadas con el ámbito jurídico, junto con la superación de un examen práctico de dificultad relativamente baja», dijo a Epoch Times España Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
«Con esta reforma hemos comprobado que, en el fondo, lo que se pretende —tras años de desacreditar a los jueces— es sustituirlos de alguna manera. ¿Y cómo se los sustituye? Pues mediante reformas en distintas áreas de la carrera judicial y también de la carrera fiscal», añadió.
También está en trámite la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas que «responde al temor del presidente del Gobierno de que resulten encausados sus familiares directos», llega en un momento de «enorme debilidad política» del PSOE y «carece de justificación desde el punto de vista jurídico», alegó el profesor de Derecho David Delgado Ramos.
«La reforma de la acción popular limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas».
Además, «establece un control judicial sobre los querellantes, dificultando aún más su personación en los procesos».
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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