El Consejo Europeo de Fabricación Solar (ESMC), una organización que desde 2018 representa los intereses de la industria europea de fabricación de energía solar fotovoltaica, reiteró que «es esencial para la seguridad nacional y energética de los Estados miembros de la UE garantizar la seguridad de las redes eléctricas y el manejo de datos». El Parlamento Europeo abordó el tema a nivel comercial, pidiendo a la Comisión Europea algunas acciones para limitar el acceso de actores no-UE cuando supongan riesgos económicos o de competencia, pero la falta de medidas concretas en España y en la región están generando reclamos e investigaciones de parte de Estados Unidos.
«Si países adversarios pueden ocultar software, instalar interruptores de seguridad o puertas traseras, y con ello desestabilizar o paralizar nuestros sistemas energéticos, este riesgo debe abordarse de inmediato».
«Los inversores solares fotovoltaicos de China, por ejemplo, son ejemplos de dispositivos que podrían utilizarse (indebidamente) de esta manera. Por lo tanto, debe restringirse su acceso al mercado europeo», dijo Jens Holm, director de Políticas del ESMC el 20 de agosto a Epoch Times España.
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Después del masivo apagón del 28 de abril en España, el ESMC exigió a la Unión Europea que aplique una Caja de Herramientas de Ciberseguridad equivalente a la determinada en 5G, que restringe contratos con empresas chinas, para los inversores fotovoltaicos. En la actualidad el 70 % de estos productos en Europa provienen de empresas chinas. Estos inversores se pueden controlar vía remota y son los encargados de convertir la corriente continua procedente de las placas fotovoltaicas en una corriente alterna para la red eléctrica.
«Proporcionaría a la UE un conjunto de medidas de seguridad para reducir los riesgos de los inversores solares derivados de inversores extranjeros potencialmente inseguros u hostiles, similar al conjunto de herramientas 5G de la UE para redes de telecomunicaciones, que ya existe», dijo Holm.
Otra alternativa es que cada Gobierno desarrolle sus propias leyes contra los riesgos de interferencia extranjera en las redes. Cuando se le preguntó qué opina el ESMC de que los países miembros de la UE repliquen la legislación de Lituania, la que prohíbe los inversores procedentes de China, Holm destacó que no es efectiva si se limita a ciertos tamaños de producción y a otros no.
«Lituania aprobó el año pasado una legislación que prohíbe los inversores de más de 100 kW procedentes de países considerados una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, los sistemas fotovoltaicos de todos los tamaños deberían estar cubiertos, ya que existen riesgos agregados en todos los tamaños de sistema».
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Si en el plano de las telecomunicaciones, el Gobierno de España ignora las recomendaciones de la Caja de Herramientas europea para 5G del 2023 de restringir productos y elementos de las marcas chinas Huawei y ZTE en sus redes y promueve contratos sensibles con compañías chinas prohibidas en las redes de la Unión Europea y Estados Unidos, no se prevé que las autoridades de España apliquen limitaciones a los inversores fotovoltaicos chinos o a otros elementos que puedan afectar a las redes eléctricas y otras infraestructuras europeas.
Esto se observa en las declaraciones del Gobierno avalando la decisión de usar equipos chinos en sus sistemas de inteligencia y la reciente respuesta del ministro de Exteriores, José Manuel Albares a las peticiones europeas y de Estados Unidos a que España restrinja sus contratos con empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, y CATL,
Menos aún se prevé que actúe contra otros productos inteligentes que puedan afectar a los sistemas de la Unión Europea con sensores ocultos y controles remotos.De hecho, el 29 de julio, el ministro de Transformación Digital, Óscar López Águeda, dijo que España utiliza sistemas de Huawei desde los años 2010 – 2011, y aseguró que estos no cuentan con actualizaciones de software a distancia o controles remotos.
Son «sistemas que se utilizan, son tan seguros, que no están conectados, por lo tanto, no son accesibles, no son jaqueables. Por tanto, no comprometen nada, no hay nada que comprometa la seguridad, porque son sistemas internos, cerrados, que no están conectados», afirmó López.
Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea actuar a nivel comercial
Una resolución del Parlamento Europeo, fechada el 19 de junio, pide a la Comisión Europea actuar para limitar el acceso de actores no-UE cuando supongan riesgos económicos o de competencia, y solicita usar compras públicas priorizando la seguridad. Esta prioridad podría dar pase a ciertas restricciones contra productos chinos pero aún no está claro.
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En contratación pública (p. ej., redes eléctricas), exige introducir criterios de resiliencia, sostenibilidad y seguridad, y revisar las directivas de contratación para fortalecer la cadena de suministro europea de equipos, software y servicios.
También sugiere blindar el mercado frente a una competencia desleal y dumping de terceros países, usando al máximo los instrumentos de defensa comercial y reforzando la aplicación del Reglamento sobre subvenciones extranjeras.
La Comisión Europea inició el 12 de agosto una revisión sobre subvenciones extranjeras y para ello se dio un plazo hasta el 18 de noviembre, donde en parte se podrían tocar algunas preocupaciones.
EE. UU: «La decisión de España subraya una tendencia lamentable en la Unión Europea»
El gobierno de Pedro Sánchez aún ha respondido a la carta sobre la situación de seguridad con España y sus convenios con empresas chinas, emitida el 8 de agosto por miembros del Comité de Energía y Comercio del Congreso de Estados Unidos: Gus M. Bilirakis, presidente del Subcomité de Comercio y Manufactura, y Richard Hudson, presidente del Subcomité de Comunicaciones y Tecnología dirigida a Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EE. UU.
«Resulta profundamente preocupante que un aliado por tratado utilice equipos y servicios de telecomunicaciones de una entidad alineada con el Partido Comunista Chino (PCCh). Como usted sabe, Huawei y otras empresas chinas mantienen vínculos documentados con el PCCh, lo que supone riesgos profundos para la seguridad nacional y económica», dice la carta.
«La decisión de España subraya una tendencia lamentable en la Unión Europea (UE): los gobiernos adoptan tácitamente tecnología china y aplican un doble rasero a las exportaciones estadounidenses de comercio digital. Mientras que las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia españoles conceden a Huawei acceso a datos altamente sensibles, el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. (DPF) enfrenta otro recurso legal, supuestamente por motivos de privacidad».
Los autores recordaron que desde 2015, la UE invalidó en dos ocasiones acuerdos sobre transferencias transfronterizas de información personal con EE. UU., «creando una incertidumbre significativa para las empresas estadounidenses de todos los sectores que participan en el comercio transatlántico». En ese momento, la UE sostuvo que era por «preocupaciones de privacidad respecto a prácticas de recopilación de inteligencia de EE. UU. (…) sin embargo, las transferencias transfronterizas de datos desde la UE hacia la República Popular China siguen sin impedimentos, a pesar de los graves riesgos que el acceso del PCCh a la información personal supone para la seguridad de los datos y los derechos fundamentales.
«Las acciones del gobierno español ilustran que el doble rasero persiste en la UE, con flujos chinos de tecnología y datos sometidos a un escrutinio mucho menor que los estadounidenses», afirmaron Bilirakis y Hudson. Ellos mencionan que en febrero, el presidente Trump afirmó en un memorándum histórico que no permitirá que «los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos se vean comprometidos por políticas y prácticas unilaterales y anticompetitivas de gobiernos extranjeros».
«En 2019, la Administración Trump reconoció que estos riesgos eran inaceptables y, con buen criterio, prohibió la participación de Huawei y ZTE en las redes de telecomunicaciones de EE. UU. Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley de Redes de Comunicaciones Seguras y Confiables para prohibir el uso de fondos federales en la compra de equipos no confiables y ayudar a los pequeños proveedores a retirar y sustituir dichos equipos. El presidente Trump la promulgó en marzo de 2020», destacaron Bilirakis y Hudson.El 17 de julio el presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, el senador Tom Cotton, y el presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU., el representante Rick Crawford, enviaron otra carta a la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, solicitando la revisión de todo el intercambio de inteligencia con los servicios de inteligencia, defensa y aplicaciones de la ley en España.
El senador Cotton dijo que emitieron la carta por los informes de que «el Ministerio del Interior español adjudicó contratos por valor de 12,3 millones de euros a Huawei, empresa con estrechos vínculos con el PCCh, para el suministro de servidores y servicios de consultoría para los sistemas de escuchas telefónicas de España», según un comunicado de prensa del 17 de Julio.
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